LOS
LÍMITES A LA PROPIEDAD DE LA TIERRA AGRARIA EN ZONAS DE LA COSTA
Walter
Galloso Mariños – Abogado -
En el
transcurso de estos días hemos venido asistiendo al debate generado en relación
a la propuesta del Poder Legislativo, de
establecer límites a las
extensiones de propiedad de terrenos
agrícolas en zonas de la costa, en la cual se han esgrimido una serie de
planteamientos, tanto a favor de limitar
como aquellos que opinan que no debería de establecerse dichos límites.
Asistimos a un
periodo pre electoral, en el cual muchos sectores políticos, desean ganarse
alguito con planteamientos de esta naturaleza, pero la gran pregunta que nos
hacemos aquellos que nos hallamos involucrados en las actividades agrícolas y
que día a día monitoreamos la realidad del campo es ¿ se resolverá el problema del agro, limitando
la propiedad de la tierra?.
La respuesta
la encontramos en la misma realidad, pues debemos tener claramente establecido,
que las grandes empresas agrícolas, desarrollan cultivos orientados a la agroexportación, las mismas
que por su propia naturaleza y a fin de ser competitivos desarrollan una
agricultura con apoyo de la tecnología agrícola aplicada a los campos,
orientado a darle una mayor rentabilidad, no solo en lo que es la obtención de
más y mejores productos, sino también en el uso racional del agua haciendo uso
de los diversos sistemas de riego tecnificado; por otro lado tenemos la pequeña propiedad, que por su propia
naturaleza, orientan sus cultivos a satisfacer las demandas locales, es
decir el mercado local, para lo cual por
el propio nivel de coste, no utilizan sistemas tecnificados en su agricultura,
ni menos aún en sus sistemas de riego (riego por gravedad), las cuales por su
propia naturaleza no son competitivas ni menos aún rentables. Por otro lado
vemos los esfuerzos de algunos pequeños agricultores organizados, con el apoyo
en muchos casos de cooperación Internacional, orientado a la exportación (caso
del café, cacao, banano orgánico, productos andinos, etc).
Frente a esta
realidad, cual es la política real
agraria del actual gobierno; pues
nosotros creemos, que estas deben de
orientarse a generar mecanismos de promoción
incentivando la asociatividad del pequeño y mediano productor, buscando
la extinción del minifundio ( encontramos realidades en las cuales existen
unidades agrícolas que no llegan ni a la media hectárea, cuando desde la Ley de
reforma agraria se establecía la unidad básica familiar de tres hectáreas);
pues si lo vemos en forma objetiva, tanto seria nocivo mantener el minifundio como el gran
latifundio; pues la política implementada en el Gobierno de Belaunde y seguida
por los distintos gobiernos que se orientaron a
la parcelación de la tierra agrícola, para dar fin a la reforma agraria,
lejos de resolver el problema del minifundio la incentivaron, pues un campesino
sin capital, sin mercado y sin apoyo técnico para el desarrollo de sus
cultivos, por más que tenga la propiedad de la tierra, no la podrá cultivar ni
menos aún le podrá servir como sustento de su familia, pues justamente esta
realidad es la que conlleva a la venta de sus unidades, amen que el proceso de
crecimiento de las urbes y el envejecimiento de sus cultivadores, conlleva a
nuevos escenarios; y el no existir una nueva generación orientada a seguir
desarrollando labores agrícolas directas (por los factores indicados), hace
ilusorio, persistir en señalar que se deberá de seguir entregando la tierra al
campesino, como única solución.
Como vemos el
problema del agro es complejo, pero no debemos orientarnos a una política del
perro del hortelano, de aquellos que no
desarrollan actividad agrícola y no desean que otros la hagan, pues si debemos
de orientar la opinión a que el gobierno asuma una política real de Estado de
largo plazo cimentando las bases para
lograr que el agricultor logre verdaderamente vivir de su trabajo en el campo y
no seguir manteniendo un campesino que sigue subsidiando a las grandes ciudades
y viviendo siempre en la pobreza, enriqueciendo a los intermediarios.
Entonces, los límites a la tierra, diez mil, veinte mil
o cien mil, nos resolverá la problemática del agro; nosotros creemos que no,
mientras no exista una real política de Estado orientado a cimentar las bases
de un verdadero desarrollo agrícola sostenible en el Perú.
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