EL PROBLEMA DEL AGUA Y EL
SANEAMIENTO LEGAL DE LOS POZOS DE AGUA
WALTER GALLOSO M. ASESOR LEGAL
En el Perú asistimos diariamente a tener informaciones respecto a la política
del Estado y /o del Gobierno de turno de instaurar políticas para el saneamiento
físico legal de las tierras agrícolas con la finalidad entre otras de dotar de
seguridad jurídica a los inversionistas que
ven en el agro una alternativa de inversión; de allí que
existe una institución como es el Proyecto Especial de Titulación de
Tierras.; cuyo balance del desarrollo de las actividades, nos conllevan a establecer,
la necesidad del Estado de tener
un organismo de carácter técnico y confiable, que permita tener actualizado el catastro de todos los predios rústicos, con lo cual se viene permitiendo la
posibilidad de que exista una
concordancia entre la realidad jurídica y la realidad física, haciendo uso de la tecnología con la
finalidad de dotarle al sistema Registral y a los usuarios, para que los
derechos y los títulos de propiedad; así como el proceso de formalización en
predios rurales y su registro, tengan la
seguridad jurídica adecuada para el trafico económico, al existir un registro georeferenciado, que
permite identificar gráficamente los predios sobre un plano catastral.
Si embargo, frente a ello nos
encontramos con una realidad que nos
enrostra como así un valle como el de
Ica, en el cual esta concentrada la mayor área cultivada dedicada a la agroexportación, cuyo problema central es el recurso hídrico, aún no tenga un catastro identificatorio y real de los predios rústicos existentes, lo
cual viene generando una serie de
problemas de colindancias, servidumbres
de paso y subsecuentemente que quien adquiere un predio sobre la base de la
publicidad que otorga el Registro y el
PETT (información catastral), no nos permite a los operadores jurídicos, tener la certeza plena que lo que se
publicita sea el fiel reflejo de la realidad.
Frente a este contexto, que hemos
graficado relacionado a los predios,
esta vinculado el de los pozos de agua existentes en los predios que se hallan
en plena explotación económica y la de los predios que van a iniciar su
producción cuyos propietarios han iniciado o vienen ejecutando la
perforación de los pozos.
Van pasando los distintos
gobiernos y parlamentos y hasta la fecha, no existe una política de
Estado que se avoque a resolver la problemática de los acuíferos subterráneos que es la fuente de agua
para la agricultura en Ica, o
en aquellos lugares en los cuales no
obtienen dicho recurso de las aguas de avenida o de reservorios.
Si
bien es cierto que existe un proyecto de Ley, presentado y que viene siendo publicitado en el portal
agrario de la web del Ministerio de Agricultura; en el cual se crea El Sistema Nacional de Gestión de las Aguas y
se le establece como objetivos la
gestión integrada, eficiente y sostenible; la implementación de la política
nacional; la regulación y control del uso y aprovechamiento sostenible así como
la preservación y la recuperación de las aguas. Asimismo el proyecto crea un
organismo denominado Consejo Nacional de
Agua; el cual tiene como finalidad
aprobar políticas vinculantes para todos los integrantes del sistema y proponer
normas en materias relacionadas al uso y aprovechamiento multisectorial de las
aguas; entre otros aspectos relevantes.
Sin
embargo pese a estar presentado el
proyecto no existe una voluntad política
que impulse su aprobación ni menos aún
su discusión en el Congreso.
Esta
preocupación la hacemos evidente
pues en nuestra experiencia profesional
venimos encontrando muchos problemas derivados de la compra de predios con la existencia de
pozos de agua, que deberían de tener la
misma atención que se le da a los
predios, pues la seguridad jurídica no solamente debe de estar orientada a
estos sino también a los pozos.
Dentro
de este contexto, no podemos cerrar los
ojos frente a la informalidad existente en estos valles, pues existe
y van a seguir existiendo pozos que vienen operando sin la autorización respectiva, o que habiéndola tenido han caducado; y ante lo cual el Gobierno o por no decirlo el estado debe de intervenir
no solo para sancionar o cerrar pozos,
sino para regularizarlos y poder tener un control administrativo mas eficiente
de alli que concordamos con lo que propone el proyecto en sus Disposiciones
complementaras :” CUARTA.- Formalización de derechos de aguas
Los usuarios que no
cuenten con derechos de aguas pero que vengan aprovechando el recurso natural
de manera pública, pacífica y continua durante 10 años o más, podrán solicitar
al Instituto Nacional del Agua el otorgamiento de su correspondiente concesión,
para lo cual deberán probar dicho aprovechamiento de acuerdo a lo establecido
en el Reglamento. De no acreditarlo, deberán tramitar su pedido conforme lo
establece la presente Ley y su Reglamento para los nuevos derechos de
aprovechamiento”.
Este
comentario surge justamente sobre la base de la publicación del Decreto Supremo
N° 25-2007-AG; mediante el cual se pretende resolver el problema de la
perforación de pozos, que no cuentan con
la autorización de la autoridad respectiva;
tal y como lo expresan en su exposición de motivos, los cuales incluso cuentan con el suministro
de energía eléctrica, para lo cual buscan establecer que las empresas eléctricas no autoricen la
instalación de subestaciones eléctricas para
dichos pozos; orientando la
solución a una multa por parte de
OSINERGMIN; así como el de obligar que las personas naturales o jurídicas que
las perforan se hallen inscritas en el registro de empresas perforadoras a
cargo de la
Autoridad Nacional de Aguas, derivando a la imposición de
multas (denominadas Graves); así como al comiso de maquinarias equipos
utilizados en la ejecución de pozos sin autorización, clausura y sellado de
pozos ilegales, u otras que corresponda, debiendo la Policía Nacional
del Perú prestar el auxilio necesario que le sea solicitado para tal fin.
Viéndolo
desde esta perspectiva la pregunta que dejaremos es ¿ RESOLVERA EL
GOBIERNO ESTE PROBLEMA SOLO MEDIANTE LA IMPOSICIÓN DE
.
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