LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y LA AGRICULTURA
WALTER GALLOSO –
ASESOR LEGAL 985105276
Asistimos al inicio de un nuevo gobierno en la cual todos los
peruanos anhelamos que se inicien los
cambios, reformas, transformaciones o lo
que queramos llamar, orientado a lograr
una mayor eficiencia de la administración pública.
La experiencia
que hemos acumulado los dedicados al campo, y en el caso nuestro a un contacto
directo con la administración, es que día a día constatamos que no existe dentro de la mentalidad del
funcionario con capacidad de decisión, e
incluso del trabajador común y corriente una filosofía de servicio es decir,
ser el ente facilitador entre esta relación Estado – Ciudadano.
Sin embargo la
realidad es otra, pues aún no se rompe
el viejo esquema en el cual el
ingreso a la función pública se llega por el favor político, lo cual conlleva
que el que ejerce la función no lo hace
pensando en brindar servicios al ciudadano, sino se orienta básicamente a
cumplir los designios de quien depende su nombramiento o designación en el
cargo; lo cual conlleva a ser un ente
negativo en esta relación invocada (ciudadano común y corriente - estado).
Así veremos por
ejemplo en el caso de la agricultura, cuando uno solicita una gestión por
ejemplo en Las Autoridades Locales del
Agua, las cuales pese a tener un TUPA, sus decisiones no se adecuan a dicha
norma, sino que imponen en muchos casos criterios personales, burocratización
en la tramitación, lo cual hace interminable tener sus licencias formalmente,
conllevando a que en muchos casos se tenga que ir de la informalidad a la
formalidad ( es decir se invierten los procesos), justamente por cuanto el Estado es inoperante y lejos de ser un
facilitador de la inversión se convierte en muchos casos en un limitante; y
ello pasa justamente en que no existe
una filosofía de SERVICIO CIUDADANO (salvo honrosas excepciones, como
por ejemplo el Jefe del Ala Pisco, que
es un servidor público honesto y facilitador de las gestiones que uno realiza;
enmarcando las decisiones en solicitar el cumplimiento de los requisitos
exigibles); sin embargo esto no es extensible en todos los valles; en los
cuales incluso por quejas de los agricultores exigen estipendios para todo
trámite ( es decir corrupción); lo cual debemos de orientarnos a desterrar de
la administración pública, pues para ello el estado les paga una remuneración. Igual
hemos podido apreciar en las distintas instituciones vinculadas con el Agro, lo
cual por la salud del país debería de
cambiar.
Frente a ello pensamos
que debe de aplicarse la Ley del Silencio Administrativo Positivo, en todas las
gestiones que se realice tendentes a lograr un pronto pronunciamiento del
funcionario público dentro del plazo estipulado en el TUPA, caso contrario
darse por aprobado lo solicitado y con ello,
aplicarse en forma drástica las sanciones que prevé la propia norma,
frente a la omisión del ejercicio de sus funciones y evitar con ello la
dilación de los procedimientos en perjuicio de los administrados, creemos que ya es hora que pongamos a caminar
al estado en la misma dinámica que avanza la economía del Perú.
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