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Revisando las páginas del Diario Oficial El
Peruano, encontré publicado el Decreto
Supremo Nº 072-2006-AG, con fecha 17 de diciembre del 2006, a mérito del cual “APRUEBAN
LINEAMIENTOS DE POLITICAS DE ESTADO PARA EL DESARROLLO DE LA AGRICULTURA Y
LA VIDA RURAL
EN EL PERU”; norma que según
sus considerandos, tiene como sustento la Ley 27659 – Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado - por el cual se declara en modernización en
sus diferentes instancias, dependencias, entidades, organizaciones y
procedimientos con la finalidad de mejorar la gestión pública y construir un
Estado democrático y descentralizado al servicio del ciudadano.
Dicha norma
establece como visión al 2021 “Tener un sector agrario y un medio rural
íntegramente desarrollados, productivos y de alto valor agregado, posicionados en los mercados mundiales y nacionales con
productos inocuos, ecológicos y biodiversos, obtenidos con una gestión
participativa pública y privada, descentralizada, moderna y competitiva y con
respeto al medio ambiente, base del crecimiento y desarrollo económico y social del Perú”.
De igual manera encontramos como principios
rectores de dichos lineamientos de política de Estado en la agricultura, temas
como la competitividad, sostenibilidad, equidad
y gobernabilidad (fortalecer la participación y la acción coordinada
pública–privada a través de la conciliación de los intereses de los distintos
actores y su coparticipación en el proceso de modernización y desarrollo del
agro nacional, seguridad alimentaria y
el desarrollo rural integral y
sostenible, para una mejor calidad de vida).
Así mismo, detalla el mencionado instrumento LOS
VALORES, de la integridad, imparcialidad (se refiere a la
aplicación en forma congruente y uniforme de las normas y políticas establecidas a fin de asegurar un ambiente de
trabajo libre de decisiones arbitrarias y
favoritismos; y brindar un trato
equitativo a los miembros usuarios y demás partes involucradas en el desarrollo
del sector agrario); tolerancia, cooperación (este valor es expresado en
los diversos tipos de alianzas público-privadas y formas asociativas,
en los planos sectoriales de las cadenas productivas y territorios con el fin
de lograr economías de escala y sinergias en el sector agrario peruano, como
respuesta a los desafíos que nos da el
mundo globalizado); innovación (para
ser competitivo en el sector agrario se requiere mantener un proceso permanente
de innovación enfocado a reducir costos de producción, incrementar la
productividad, mejorar la rentabilidad, obtener calidad y desarrollar productos
con valor agregado); interculturalidad y honestidad.
Dentro de los objetivos
estratégicos desarrolla distintos
ejes, como el fomento y desarrollo de la
modernización del sector agrario peruano; mejorar las condiciones de vida de los agricultores y
población rural en función de sus necesidades. En lo relacionado a LOS LINEAMIENTOS DE POLITICAS SECTORIALES,
señala una especie de hoja de ruta para los próximos catorce años, la cual
constituye la base para la construcción de una agenda del sector agrario, algunos
de cuyos puntos son: 1.-Fortalecimiento de la institucionalidad
de la interacción del sector público y privado (teniendo como base el
énfasis en su sostenibilidad financiera); 2.-Desarrollo de la agroindustria y su
inserción en los mercados y sistemas de comercialización internos y externos
(se destaca el fomento al desarrollo de la agroindustria priorizando el sector
rural y se promoverán las cadenas productivas; la implementación de una
estrategia de promoción de exportación orientada a posicionar productos
diversificados y diferenciados tales como productos limpios, orgánicos y de
comercio justo debidamente etiquetados); 3.-Desarrollo sostenible de la agricultura y
ambiente rural (la política del sector establecerá el diseño y fomento de modelos asociativos innovadores que
generen incentivos y respuestas ante la
demanda de mercados globales); 4.-Marco normativo y sistemas de fitosanidad
e inocuidad agropecuaria.
Leyendo dicho instrumento y relacionándolo con la
vida práctica vemos que desde una perspectiva del Estado, solo existe lo que
comúnmente se dice BUENA VOLUNTAD¸
la cual no tiene vinculación con hechos
fácticos que nos permitan decir que existe una correlación entre lo que se dice
y lo que se hace. Ante esto, cabe mencionar el caso que se ha venido
difundiendo en los medios de comunicación en lo relacionado a la posibilidad de
que FRIO AEREO ASOCIACION CIVIL, la cual implementó un centro de perecederos en
la rampa sur del Aeropuerto Internacional
Jorge Chávez, deje de operar al haberse vencido el plazo establecido en su contrato original de arrendamiento (31 de enero del 2007); sin
que se haya efectuado su renovación, con lo cual no se estaría garantizando la prestación de los
servicios que viene brindando a los exportadores de productos frescos
perecederos, máxime si como lo hemos detallado
dentro de los lineamiento de políticas sectoriales, el Estado debe fomentar “modelos asociativos innovadores que generen incentivos y respuestas
ante la demanda de mercados globales” y que a su vez se hallan dentro del concepto
valor de la innovación enfocado a reducir costos de producción, incrementar la
productividad, mejorar la rentabilidad, obtener calidad y desarrollar productos
con valor agregado.
Esto lo
señalamos porque cuando Frío Aéreo se constituye en la década del 90 e inicia
sus operaciones, en el contrato originario de arrendamiento intervino como garante
el Ministerio de Agricultura entre otros
órganos del Estado, pues quienes
tuvieron la intuición de constituir dicha asociación tuvieron la visión de
dotar a la industria agroexportadora de
un instrumento vital para poder hacerla
competitiva, muestra de ello es la satisfacción de la demanda de sus servicios
y el bajo coste que ello significa, pues de la revisión de sus fines y
objetivos podemos encontrar el
desarrollo de: a) La promoción y mejoramiento de la agroexportación;
b) Dedicarse al almacenaje y paletizado en cámaras de frío de mercancías
perecederas que van a ser transportadas al exterior por las compañías de
aviación que operan a través del aeropuerto internacional Jorge Chávez; c) Elaborar
sistemas de información sobre exportaciones de productos agrícolas, así como de
carga aérea que conduzcan a un mejor conocimiento del mercado local y regional,
a fin de apoyar a la industria en los diferentes programas a desarrollar; d)
Establecer un control de calidad del producto que ingresa al aeropuerto
siguiendo las Normas Técnicas Peruanas de Espárrago Fresco y Muestreo vigentes,
con la finalidad de informar a la industria el nivel de calidad de la misma,
para su mejoramiento año tras año, en coordinación con los productores. Así
mismo, y a solicitud del exportador, certificar la calidad del lote del
producto ingresado utilizando las herramientas de control de calidad que tenga
implementadas; e) Fomentar y promover programas y proyectos de prevención
de plagas en productos perecibles, así como implementar programas y
servicios de fumigación y/o desinfección; entre otros fines que se consignan en
su estatuto social.
Dentro de este contexto,
¿debe o no intervenir el Estado?; pues
si bien es cierto existe el interés de un grupo empresarial de generarse
beneficios económicos con el auge de la agroexportación, lo cual es lícito; por
otro lado deberá ponerse en la balanza
si el interés nacional está por
encima de ello; más aún si dentro de la Política de Estado Sectorial se está
estableciendo el apoyo a los modelos asociativos que vayan acorde con ella.
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