WALTER
GALLOSO – ABOGADO
wgalloso@hotmail.com //// Tf. 985105276
Uno de los objetivos esenciales de todo estado de
derecho, es lograr la consolidación de sus instituciones y que estas cumplan la
función para las cuales fueron creadas, lo cual implica necesariamente la
dotación de los instrumentos necesarios para su normal funcionamiento, siendo uno de ellos el financiamiento,
elemento coadyuvante que les dará la soltura necesaria para que puedan operar
sin depender de la buena voluntad de quienes las conforman. Así tenemos EL AUTOGRAVAMEN, que es un aporte
voluntario que deciden establecer las organizaciones agrarias para fines
específicos gravando un porcentaje ya
sea de sus ventas, producción u otro y destinarlo a las instituciones agrarias
que los aportantes designen (Ley 25057).
Si nos centramos en un análisis histórico de la
asociatividad en el sector agrario, veremos en forma clara como es que el
proceso de desarrollo de la economía de la sociedad y del Estado determinó
cambios sustantivos en su organización y funcionabilidad, así vemos que se pasó
de una organización rígida y centralizada, a una flexible y descentralizada; de
tener un rol meramente reivindicativo a
avanzar también a tener un rol en la producción; de una organización
autoritaria a una de carácter democrática; de tener una dependencia financiera
del Estado, al establecimiento de un autogravamen voluntario y fiscalizado por sus propios
miembros; de un liderazgo político y
carismático se avanzó hacia el Liderazgo
Profesional y Consensuado.
Este proceso histórico conlleva necesariamente a preguntarnos, ¿por qué el sector agrario no
ha consolidado su institucionalidad?, ¿qué fué lo que pasó?, ¿qué elementos
intervinieron o impidieron su normal desarrollo?. Estas preguntas las debemos
resolver mirando el pasado o en todo caso analizando nuestra historia, pues el
pasado no solo debemos mirarlo para lamentarnos de los hechos acaecidos, sino
para no repetir los errores que se cometieron. Dentro de este contexto, el
oprobio que sufrió nuestro país en la década del 90 conllevó, dentro de un
proceso político autoritario, a la destrucción de la institucionalidad en todos
los sectores (públicos y privados), con la finalidad de que no “hagan sombra”
al gobernante y con ello permitir que ciertos grupos económicos de poder se
fortalecieran en perjuicio de los demás. En esta década se suprimió el
autogravamen agrario, lo cual conllevó a que muchas organizaciones agrarias
desaparecieran o languidecieran por la falta de recursos económicos.
Es por ello que la “(…) existencia de instituciones
estables, en la medida que dan lugar a un marco regido por normas y
procedimientos públicos, favorece los resultados en las relaciones humanas. Tal
y como los teóricos del juego de segunda generación pusieron en evidencia, las
posibilidades de que dos actores cooperen se ve incentivada por la certidumbre
en el medio en donde se produce la interacción al limitarse la defección o la
retirada como estrategia dominante. No obstante, la mera existencia de
instituciones estables, aún siendo una condición necesaria, no es suficiente
para asegurar un desempeño positivo. El logro de la estabilidad en el mercado
debe ser entendido como la consecuencia de una ecuación entre el grado de
movilización de los agentes que actúan en él y la capacidad de sus
instituciones para absorberlos”[1].
Atendiendo estas consideraciones, ¿debemos o no debemos retomar
el autogravamen como un medio o instrumento para poder lograr consolidar
la institucionalización del sector agrario?. Responder esta pregunta nos
conlleva necesariamente a afirmar que “asegurar la autosuficiencia económica a
través de las aportaciones de los afiliados o la venta de servicios directos es
uno de los elementos determinantes del éxito de las asociaciones (...). No
obstante, es notorio que la posibilidad de que la gran mayoría de asociaciones
actualmente existentes en el agro (...)
alcancen esta autosuficiencia parece todavía una posibilidad muy lejana. Ante
esta situación, resulta justificable que las autoridades públicas retomen una
acción proactiva para fortalecer el tejido asociativo del sector. Más aún, en
la medida que son estas organizaciones las que se ven obligadas a asumir
funciones en el mercado que anteriormente ejercía el Estado. Además, de no ser
así se tiende a acentuar las asimetrías entre aquellos productores que cuentan
con recursos para poder desarrollar su “habilidad para cooperar” y, por ende,
acceder a servicios productivos o
desarrollar economías de escala, y aquellos que no. Se sugiere como alternativa
financiera recuperar el autogravamen, basado en un nuevo enfoque contractual
que permita al productor mayor capacidad para decidir a que asociación va su
contribución y para fiscalizar el gasto”
[2].
Dotar de capacidad económica a las organizaciones
agrarias, les permitirá no solo tener
como fin la producción de servicios productivos o la participación en economías
de escala, sino también que tengan capacidad en
la negociación con los poderes públicos para que éstas den unas reglas
de juego que premien la competitividad empresarial; es por tanto, necesario que
las asociaciones no sólo potencien su capacidad para cumplir fines productivos,
sino también su habilidad para hacer valer los intereses de sus asociados ante
el Estado y difundir sus planteamientos en el debate público; así como el de
desarrollar sistemas de información, transferencia tecnológica, asesoría y
apoyo en comercio internacional, capacitación, todas ellas actividades que
exigen un alto grado de profesionalismo.
El mensaje final yo creo que sería: DEJEMOS DE PASAR EL SOMBRERO para la
realización de los fines y objetivos y dotemos de economía a nuestras
organizaciones agrarias.
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