ASOCIATIVIDAD FORMAL: LA POLÍTICA QUE EL AGRO PERUANO NO PUEDE SEGUIR POSTERGANDO

 

Título: ASOCIATIVIDAD FORMAL: LA POLÍTICA QUE EL AGRO PERUANO NO PUEDE SEGUIR POSTERGANDO

Subtítulo: Si el Estado quiere un campo productivo e inclusivo, debe convertir el apoyo a las organizaciones agrarias en una política de Estado con instrumentos claros y financiamiento sostenido.

Por: Walter Galloso Mariños — Asesor legal y consultor en temas agrarios

 

El problema es conocido: la agricultura familiar concentra más del 70–80 % de las unidades productivas en el Perú, predominan los minifundios y muchas organizaciones de productores operan en condiciones de informalidad. El diagnóstico no es nuevo; lo que sí lo es la necesidad urgente de transformar el énfasis simbólico en acciones públicas efectivas. La asociatividad —cooperativas, asociaciones, fondos agrarios— no es un enunciado académico ni una fórmula mágica: es la vía más plausible para que los pequeños y medianos agricultores logren economías de escala, negociaciones con mejores condiciones y acceso real a crédito, asistencia técnica y mercados formales. Pero para que eso ocurra se requiere algo que hasta ahora ha faltado: una política de Estado integral, financiada y sostenida en el tiempo.

 ¿Por qué la asociatividad falla hoy? Porque la mayoría de las intervenciones han sido fragmentarias, temporales y desconectadas. Hemos visto programas de financiamiento puntuales, campañas de capacitación aisladas y promesas políticas que caducan con el cambio de gabinete. El resultado es predecible: organizaciones creadas para acceder a un incentivo, que desaparecen con él; comités que no rotan; libros contables inexistentes; y, sobre todo, agricultores que siguen sin poder acceder a mercados de mayor valor. No basta con «promover asociatividad» en un discurso ministerial: se necesita institucionalidad efectiva.

 Propongo cinco ejes que deben formar parte de una política pública nacional sobre asociatividad, diseñada para producir resultados concretos en plazos medibles.

 PRIMERO: SIMPLIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL MARCO JURÍDICO. Los trámites para obtener personería, inscribirse en registros y acceder a incentivos siguen siendo engorrosos y costosos para organizaciones rurales. Es imprescindible un paquete de «estatutos tipo», plantillas contables y un procedimiento vía plataformas digitales que reduzca tiempos y costos. El registro (ROESS/RUC-Coop) debe interoperar con SUNAT y SUNARP para que la formalización no sea un trámite sino una habilitación real.

 SEGUNDO: INCENTIVOS FINANCIEROS CONDICIONADOS A RESULTADOS. No hablamos de regalar recursos, sino de diseñar líneas de crédito preferenciales con garantía parcial del Estado y fondos de cofinanciamiento para infraestructura asociativa (cámaras de frío, centros de acopio, plantas de procesamiento). Los incentivos tributarios y el cofinanciamiento para formalización deben condicionarse a hitos verificables: estatutos vigentes, contabilidad mínima y plan de negocio aprobado.

 TERCERO: FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL PROFESIONAL Y CONTINUO. La débil gobernanza interna —falta de asambleas, ausencia de comités de fiscalización, directivos perpetuados— es una de las principales causas del fracaso asociativo. Se requieren Centros Regionales de Apoyo a la Asociatividad que brinden asistencia técnica permanente en gestión administrativa, financiera y comercialización, y programas de formación obligatoria para directivos y comités de vigilancia.

 CUARTO: PRIORIZAR LA ASOCIATIVIDAD EN COMPRAS PÚBLICAS Y ARTICULACIÓN CON EL MERCADO. El Estado puede y debe usar su poder de compra para generar demanda estable. Establecer cláusulas de preferencia para asociaciones formalizadas, con requisitos de calidad y trazabilidad, dinamiza cadenas productivas y reduce la barrera de acceso a mercados de escala.

 QUINTO: INFRAESTRUCTURA Y TRAZABILIDAD GESTIONADAS COLECTIVAMENTE. El caso de bienes públicos logísticos —cámaras de frío, centros de procesamiento, plataformas de trazabilidad digital— demuestra que la gestión asociativa de estos activos maximiza su uso y sostenibilidad. El Estado debe financiar la inversión inicial y condicionar la operación a modelos de gobernanza que garanticen acceso equitativo y rendición de cuentas.

 Estas medidas requieren gobernanza interinstitucional: un Consejo Nacional para la Asociatividad Agraria —con MIDAGRI a la cabeza y representación de Produce, Agroideas, Sierra y Selva Exportadora, gobiernos regionales, academia y representantes de productores— que fije metas, distribuya recursos y evalúe resultados. Las metas deben ser claras y medibles: por ejemplo, aumentar en 50 % el número de organizaciones formalizadas en cinco años; duplicar el acceso a crédito formal; y elevar en 25 % el ingreso promedio de los hogares asociados.

 Criticar no basta; también conviene subrayar que existen experiencias exitosas que pueden escalarse. Modelos logísticos gestionados por productores y alianzas público-privadas en regiones específicas muestran que es viable construir valor agregado desde el territorio. Lo que hace falta es convertir esas experiencias en políticas replicables, con financiamiento y mecanismos de evaluación continua.

 El costo de la inacción es alto: pobreza rural persistente, pérdida de competitividad en cadenas de alto valor y desperdicio de potencial productivo. El beneficio de actuar es tangible: organizaciones productivas más transparentes, agricultores con mejores precios y menores costos, y un campo que aporta al crecimiento equitativo del país.

En definitiva, la asociatividad no puede seguir siendo un deseo retórico. Si el Perú quiere un agro moderno, competitivo e inclusivo, debe institucionalizar el fomento de las organizaciones agrarias como política de Estado: normas simplificadas, financiamiento condicionado, acompañamiento técnico sostenido, compras públicas inteligentes e infraestructura asociativa. Los agricultores no piden dádivas; piden reglas claras, instrumentos efectivos y confianza para invertir colectivamente. Hagámoslo posible.

 

Walter Galloso Mariños — waltergalloso@gmail.com

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