Título:
ASOCIATIVIDAD FORMAL: LA POLÍTICA QUE EL AGRO PERUANO NO PUEDE SEGUIR
POSTERGANDO
Subtítulo:
Si el Estado quiere un campo productivo e inclusivo, debe convertir el apoyo
a las organizaciones agrarias en una política de Estado con instrumentos claros
y financiamiento sostenido.
Por:
Walter Galloso Mariños — Asesor legal y consultor en temas agrarios
El problema es
conocido: la agricultura familiar concentra más del 70–80 % de las unidades
productivas en el Perú, predominan los minifundios y muchas organizaciones de
productores operan en condiciones de informalidad. El diagnóstico no es nuevo;
lo que sí lo es la necesidad urgente de transformar el énfasis simbólico en
acciones públicas efectivas. La asociatividad —cooperativas, asociaciones,
fondos agrarios— no es un enunciado académico ni una fórmula mágica: es la vía
más plausible para que los pequeños y medianos agricultores logren economías de
escala, negociaciones con mejores condiciones y acceso real a crédito,
asistencia técnica y mercados formales. Pero para que eso ocurra se requiere
algo que hasta ahora ha faltado: una política de Estado integral, financiada y
sostenida en el tiempo.
¿Por qué la
asociatividad falla hoy? Porque la mayoría de las intervenciones han sido
fragmentarias, temporales y desconectadas. Hemos visto programas de
financiamiento puntuales, campañas de capacitación aisladas y promesas
políticas que caducan con el cambio de gabinete. El resultado es predecible:
organizaciones creadas para acceder a un incentivo, que desaparecen con él;
comités que no rotan; libros contables inexistentes; y, sobre todo, agricultores
que siguen sin poder acceder a mercados de mayor valor. No basta con «promover
asociatividad» en un discurso ministerial: se necesita institucionalidad
efectiva.
Propongo cinco ejes que
deben formar parte de una política pública nacional sobre asociatividad,
diseñada para producir resultados concretos en plazos medibles.
PRIMERO:
SIMPLIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL MARCO JURÍDICO.
Los trámites para obtener personería, inscribirse en registros y acceder a
incentivos siguen siendo engorrosos y costosos para organizaciones rurales. Es
imprescindible un paquete de «estatutos tipo», plantillas contables y un
procedimiento vía plataformas digitales que reduzca tiempos y costos. El
registro (ROESS/RUC-Coop) debe interoperar con SUNAT y SUNARP para que la formalización
no sea un trámite sino una habilitación real.
SEGUNDO:
INCENTIVOS FINANCIEROS CONDICIONADOS A RESULTADOS.
No hablamos de regalar recursos, sino de diseñar líneas de crédito
preferenciales con garantía parcial del Estado y fondos de cofinanciamiento
para infraestructura asociativa (cámaras de frío, centros de acopio, plantas de
procesamiento). Los incentivos tributarios y el cofinanciamiento para
formalización deben condicionarse a hitos verificables: estatutos vigentes,
contabilidad mínima y plan de negocio aprobado.
TERCERO:
FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL PROFESIONAL Y CONTINUO.
La débil gobernanza interna —falta de asambleas, ausencia de comités de
fiscalización, directivos perpetuados— es una de las principales causas del
fracaso asociativo. Se requieren Centros Regionales de Apoyo a la Asociatividad
que brinden asistencia técnica permanente en gestión administrativa, financiera
y comercialización, y programas de formación obligatoria para directivos y
comités de vigilancia.
CUARTO:
PRIORIZAR LA ASOCIATIVIDAD EN COMPRAS PÚBLICAS Y ARTICULACIÓN CON EL MERCADO.
El Estado puede y debe usar su poder de compra para generar demanda estable.
Establecer cláusulas de preferencia para asociaciones formalizadas, con
requisitos de calidad y trazabilidad, dinamiza cadenas productivas y reduce la
barrera de acceso a mercados de escala.
QUINTO:
INFRAESTRUCTURA Y TRAZABILIDAD GESTIONADAS COLECTIVAMENTE.
El caso de bienes públicos logísticos —cámaras de frío, centros de
procesamiento, plataformas de trazabilidad digital— demuestra que la gestión asociativa
de estos activos maximiza su uso y sostenibilidad. El Estado debe financiar la
inversión inicial y condicionar la operación a modelos de gobernanza que
garanticen acceso equitativo y rendición de cuentas.
Estas medidas requieren
gobernanza interinstitucional: un Consejo Nacional para la Asociatividad
Agraria —con MIDAGRI a la cabeza y representación de Produce, Agroideas, Sierra
y Selva Exportadora, gobiernos regionales, academia y representantes de productores—
que fije metas, distribuya recursos y evalúe resultados. Las metas deben ser
claras y medibles: por ejemplo, aumentar en 50 % el número de organizaciones
formalizadas en cinco años; duplicar el acceso a crédito formal; y elevar en 25
% el ingreso promedio de los hogares asociados.
Criticar no basta;
también conviene subrayar que existen experiencias exitosas que pueden
escalarse. Modelos logísticos gestionados por productores y alianzas
público-privadas en regiones específicas muestran que es viable construir valor
agregado desde el territorio. Lo que hace falta es convertir esas experiencias
en políticas replicables, con financiamiento y mecanismos de evaluación
continua.
El costo de la inacción
es alto: pobreza rural persistente, pérdida de competitividad en cadenas de
alto valor y desperdicio de potencial productivo. El beneficio de actuar es
tangible: organizaciones productivas más transparentes, agricultores con
mejores precios y menores costos, y un campo que aporta al crecimiento
equitativo del país.
En definitiva, la
asociatividad no puede seguir siendo un deseo retórico. Si el Perú quiere un
agro moderno, competitivo e inclusivo, debe institucionalizar el fomento de las
organizaciones agrarias como política de Estado: normas simplificadas, financiamiento
condicionado, acompañamiento técnico sostenido, compras públicas inteligentes e
infraestructura asociativa. Los agricultores no piden dádivas; piden reglas
claras, instrumentos efectivos y confianza para invertir colectivamente.
Hagámoslo posible.
Walter
Galloso Mariños — waltergalloso@gmail.com
WhatsApp:
954 186 648
