Análisis comparado de propuestas del sector agrario (2026–2031) con énfasis en asociatividad agraria

 

Análisis comparado de propuestas del sector agrario (2026–2031)
con énfasis en asociatividad agraria

 “Formalización de la Asociatividad Agraria en el Perú” (Walter Galloso Mariños, 2025)

Fecha de elaboración: 23/02/2026

Fuente base: planes de gobierno presentados al JNE (documentos adjuntos proporcionados por el solicitante).

1. Objetivo y método

Objetivo: (i) resumir las propuestas del sector agrario contenidas en los planes de gobierno revisados; (ii) identificar qué propuestas muestran rasgos de “política de Estado” (por su carácter estructural, institucional y sostenible en el tiempo); y (iii) vincularlas con la investigación sobre formalización de la asociatividad agraria.

Método: lectura dirigida por palabras clave (agricultura/agrario, riego, financiamiento, mercados, sanidad agraria, titulación, asociatividad/cooperativas, cadenas productivas), extracción de citas breves con referencia de página del PDF (paginación del archivo digital), y construcción de una matriz analítica comparada.

2. Resumen de propuestas agrarias y citas textuales (por plan)

2.1. Ahora Nación

Enfoque: agricultura familiar, competitividad y gobernanza del agua; identifica explícitamente la baja asociatividad como limitación para acceder a mercados. Plantea un marco de problemas/objetivos que permite convertir medidas en instrumentos de política pública.

Citas textuales relevantes (con referencia de página del PDF):

• (asociatividad) “Problema 3: Bajos niveles de asociatividad limitan el acceso al mercado de los productos provenientes de la agricultura familiar.” (p. 103).

• (riego) “Al mismo tiempo, se mantiene una baja eficiencia del riego y una débil gobernanza del agua, sin plataformas efectivas de articulación multiactor ni mecanismos suficientes de financiamiento para…” (p. 103).

• (mercados/exportación) “103 Al 2031 El Agro nacional es competitiva en lo productivo, ambiental mente amigables y con bienestar social; con capacidad tecnológica para asumir las demandas del mercado y…” (p. 103).

2.2. APP

Enfoque: agroexportación y agroindustria, principalmente mediante lineamientos e indicadores. El documento revisado desarrolla metas/indicadores más que instrumentos concretos para asociatividad; requiere aterrizaje normativo para volverse implementable.

Citas textuales relevantes (con referencia de página del PDF):

• (riego) “∑valor FOB de productos agrarios no tradicionales Millones US$ MINCETUR/B CRP 2 Empleo formal agrario Cantidad de empleos formales generados en el sector agrario Total de empleos…” (p. 48).

• (financiamiento) “N ° Nombre Definición Fórmula Unidad de medida Fuente de información productiva o expansión, reflejando su inclusión financiera y capacidad para sostener el crecimiento empresarial.” (p. 48).

• (mercados/exportación) “Robustecer Política Desarrollo Agroexportador y Agroindustrial Indicadores N ° Nombre Definición Fórmula Unidad de medida Fuente de información 1 Exportaciones agrarias no tradicionales Valor total anual de las…” (p. 48).

2.3. Unidad Nacional

Enfoque: agricultura como ‘fortaleza’ económica; diagnóstico del agro familiar (propiedad fragmentada, limitaciones técnicas) y vínculo con crédito/mercado. Propone mejorar productividad y conexión con mercados; la asociatividad aparece más como necesidad implícita que como diseño institucional detallado.

Citas textuales relevantes (con referencia de página del PDF):

• (financiamiento) “Es una agricultura sin acceso a los mercados, con grandes dificultades técnicas que le impiden incrementar la productividad y acceso al crédito.” (p. 73).

• (mercados/exportación) “La propiedad fragmentada es una característica de la agricultura familiar que produce los alimentos para el autoconsumo principalmente y su excedente para el mercado nacional.” (p. 73).

• (agricultura/agrario) “73 SECTOR 7: LAS CUATRO FORTALEZAS : AGRICULTURA, PESCA, MINERÍA Y TURISMO SUB SECTOR 7.1 AGRICULTURA A) Análisis del sector agropecuario La tercera parte de la población peruana…” (p. 73).

2.4. Fuerza Popular

Enfoque: infraestructura e irrigación, logística y articulación a mercados; incluye diagnóstico con datos de riego tecnificado y brechas de infraestructura. Más centrado en ‘hardware’ (obras/infraestructura) que en ‘software’ institucional (gobernanza y asociatividad).

Citas textuales relevantes (con referencia de página del PDF):

• (riego) “De ello se desprende que, en el año 2024 la superficie agrícola con riego se redujo al 34,4%, alcanzando así el nivel más bajo en los últimos años;…” (p. 48).

• (agricultura/agrario) “Diagnóstico Limitada infraestructura para la agricultura El sector agrícola presenta graves deficiencias en infraestructura hidráulica y logística.” (p. 48).

• (riego) “Asimismo, es importante mencionar que el 53% de la cosecha de los grandes productores emplea riego tecnificado; sin embargo, dicho porcentaje se reduce a solo 7% entre los…” (p. 49).

2.5. APRA

Enfoque: Estado planificador, diversificación productiva y seguridad alimentaria; menciona riego tecnificado e innovación. No desarrolla con detalle mecanismos específicos de formalización asociativa en las páginas revisadas; se alinea más por el enfoque de planificación/producción.

Citas textuales relevantes (con referencia de página del PDF):

• (riego) “Sectores productivos estratégicos Se impulsará la diversificación productiva con un enfoque en sectores clave: • Agricultura: Impulsada mediante riego tecnificado, innovación y políticas de seguridad alimentaria nacional.” (p. 61).

• (mercados/exportación) “Reforma laboral y trabajo digno Se aprobará un Código Laboral unificado y moderno que otorgue predictibilidad al mercado y garantice derechos plenos.” (p. 61).

• (mercados/exportación) “Asimismo, regiones estratégicas como Junín y Puno carecen de infraestructura ferroviaria moderna que permita un transporte masivo, rápido y seguro, lo que limita la integración territorial, la…” (p. 92).

2.6. Perú Libre

Enfoque: soberanía/seguridad alimentaria, fortalecimiento de mercados internos y rol estatal (asistencia técnica, investigación, crédito público). El discurso es estructural; puede conectarse con asociatividad si se convierte en instrumentos (registro, gobernanza, compras públicas, financiamiento orientado a resultados).

Citas textuales relevantes (con referencia de página del PDF):

• (mercados/exportación) “Modelo económico primario- exportador, concentrado y vulnerable a choques externos1.” (p. 91).

• (agricultura/agrario) “• Fortalecimiento de la cooperación Sur–Sur en sectores estratégicos como salud, educación, energía, agricultura y gestión de recursos naturales.” (p. 91).

• (financiamiento) “Modernizar y tecnificar la agricultura nacional mediante asistencia técnica estatal, investigación, acceso a tecnología y crédito público, para elevar la productividad agrícola y mejorar los ingresos rurales.3.” (p. 92).

2.7. Renovación Popular

Enfoque: comercialización, clusters/cadenas productivas regionales; es el que menciona explícitamente apoyo a organizaciones empresariales agrarias para gestionar clusters. Tiene un punto de entrada directo para asociatividad (organizaciones/cluster), pero necesita definiciones institucionales para ejecución.

Citas textuales relevantes (con referencia de página del PDF):

• (agricultura/agrario) “Las movilizaciones sociales en el sector agrario han desvelado la carencia de la promoción y reconocimiento del trabajo en dicho sector.” (p. 19).

• (asociatividad) “Deficiente comercialización de los productos agrarios Apoyaremos a las organizaciones de los empresarios agrarios para gestionar los clusters y cadenas productivas de los principales productos de sus regiones…” (p. 20).

• (mercados/exportación) “Adicionalmente a ello, fomentaremos procesos que den un mayor valor agregado a nuestras materias primas, con la finalidad de aumentar la exportación de productos terminados.” (p. 25).

3. Matriz comparativa técnica (enfoque asociatividad)

Eje / Plan	Ahora Nación	APP	Unidad Nacional	Fuerza Popular	APRA	Perú Libre	Renovación Popular
Asociatividad/cooperativas (Menciones directas o diseño de instrumentos para asociaciones/cooperativas.)	Explícito (problema: baja asociatividad).	Implícito / no detallado.	Implícito / no detallado.	Implícito / no detallado.	Implícito / no detallado.	Implícito / no detallado.	Explícito (apoyo a organizaciones; clusters).
Acceso a financiamiento (Crédito, banca pública/privada, garantías, seguros, inclusión financiera rural.)	Menciona financiamiento insuficiente (agua).	Indicadores de inclusión financiera.	Menciona crédito / crédito público.	General / no detallado.	General / no detallado.	Menciona crédito / crédito público.	General / no detallado.
Riego e infraestructura productiva (Irrigación, riego tecnificado, infraestructura hídrica, almacenamiento, frío.)	Prioriza riego/infraestructura.	Mención general.	Mención general.	Prioriza riego/infraestructura.	Prioriza riego/infraestructura.	Mención general.	Mención general.
Acceso a mercados y valor agregado (Agroexportación, mercados internos, logística, cadenas/cluster, transformación.)	Sí (mercados; cadenas/valor agregado).	Sí (mercados; cadenas/valor agregado).	Sí (mercados; cadenas/valor agregado).	Sí (logística/acopio).	General.	Sí (mercados; cadenas/valor agregado).	Sí (mercados; cadenas/valor agregado).
Innovación y asistencia técnica (Extensión agraria, investigación, tecnología, capacitación.)	Explícito (innovación/asistencia técnica).	General.	General.	General.	Explícito (innovación).	Explícito (asistencia técnica estatal).	General.
Sanidad y calidad (SENASA, inocuidad, certificación, trazabilidad.)	Explícito (sanidad agraria).	Poco desarrollado.	Poco desarrollado.	Poco desarrollado.	Poco desarrollado.	Poco desarrollado.	Poco desarrollado.
Formalización/registro/titulación (Registro de organizaciones, formalización, titulación, reducción de trámites.)	Enfoque en gobernanza/mercado; formalización no central.	No central / no detallado.	No central / no detallado.	No central / no detallado.	No central / no detallado.	No central / no detallado.	No central / no detallado.
Sostenibilidad y cambio climático (Gestión de agua/suelos, prácticas sostenibles, financiamiento climático.)	Explícito (ambientalmente amigables; agua).	General.	General.	General.	General.	Enfoque soberanía/recursos; sostenible implícito.	General.

4. ¿Qué planes proponen rasgos de “política de Estado” agraria?

Criterio de identificación (operativo): se considera que una propuesta tiene perfil de política de Estado cuando (a) crea o reforma institucionalidad (reglas, sistemas, registros, financiamiento estructural), (b) exige continuidad multianual y coordinación intergubernamental, (c) tiene lógica de implementación (instrumento + responsable + mecanismos), y (d) es compatible con el marco constitucional y la planificación pública.

Hallazgos (con juicio crítico):

• AHORA NACIÓN: tiene un diagnóstico articulado y reconoce explícitamente la baja asociatividad y la gobernanza del agua; por su formulación problematizada, es el más cercano a convertirse en política pública estructural si se traduce en instrumentos (p. 103).

• PERÚ LIBRE: plantea rol estatal (asistencia técnica, investigación y crédito público) y soberanía alimentaria; esto es estructural, pero requiere alta precisión normativa y capacidad fiscal para no quedar en enunciado (p. 92).

• FUERZA POPULAR: el énfasis en riego e infraestructura puede ser política de Estado por continuidad multianual, pero el riesgo es sobredimensionar obra sin reforma institucional de gestión del agua y asociatividad (pp. 48–49).

• RENOVACIÓN POPULAR: menciona apoyo a organizaciones y clusters/cadenas; tiene anclaje asociativo directo, pero falta “arquitectura” institucional y presupuestal para ejecución (p. 20).

• UNIDAD NACIONAL / APP / APRA: muestran lineamientos productivos y de mercado; sin instrumentos precisos de asociatividad/registro/financiamiento orientado a resultados, su potencial de política de Estado depende de desarrollos reglamentarios y programas específicos.

5. Vinculación directa con tu tesis sobre formalización de la asociatividad

Tu tesis (versión final con anexos) propone ejes ejecutivos: (i) unificación y digitalización del registro de entidades asociativas, (ii) publicidad electrónica tipo extracto, (iii) estándares mínimos de gobernanza, (iv) financiamiento con garantías orientado a resultados, y (v) sostenibilidad con certificación grupal. Además, vincula la asociatividad a metas ODS y a alineamientos multisectoriales (MINAGRI, MINAM, PRODUCE, gobiernos regionales, etc.).

Traducción práctica: cómo ‘aterrizar’ los planes de gobierno en una agenda de asociatividad formalizable:

1)     Si un plan habla de mercados/cadenas/clusters, la tesis aporta el ‘cómo’: estatutos mínimos, gobernanza y registro digital para que la organización sea sujeto de crédito y contratos.

2)     Si un plan habla de riego/infraestructura, la tesis aporta el ‘con quién’: organizaciones formalizadas que administren, mantengan y asignen agua de manera transparente.

3)     Si un plan habla de crédito (público o privado), la tesis aporta el ‘banco de pruebas’: financiamiento orientado a resultados y trazabilidad/certificación grupal.

6. Evaluación de viabilidad normativa y presupuestal (riesgos)

Viabilidad normativa (observaciones):

Ø  Las propuestas de asociatividad suelen fallar por omitir el instrumento: registro único, estándares mínimos de estatutos, supervisión y consecuencias por incumplimiento.

Ø  La “política de compras públicas” (Qali Warma u otros esquemas futuros) puede ser palanca para asociatividad, pero requiere reglas de calidad, trazabilidad y sanciones.

Ø  La descentralización productiva exige competencias claras y coordinación MINAGRI–GORE; sin ello, se replica dispersión y subejecución.

Viabilidad presupuestal (observaciones):

Ø  Infraestructura hídrica y riego tecnificado: alto costo y continuidad multianual; riesgo de captura política y de mantenimiento deficiente.

Ø  Asistencia técnica e investigación: costo medio pero alta rentabilidad social; requiere carrera pública y evaluación por resultados.

Ø  Crédito público/garantías: costo fiscal contingente; necesita criterios de elegibilidad, gestión de riesgo y trazabilidad (idealmente asociativa).

7. Conclusiones (para tesis)

1) La asociatividad aparece explícita solo en algunos planes; cuando no aparece, suele estar ‘implícita’ en metas de mercado/valor agregado.

2) Los planes con mayor potencial de política de Estado agraria son los que pueden convertirse en sistemas e instrumentos: gobernanza del agua + asociatividad + financiamiento orientado a resultados.

3) Nuestra investigación funciona como ‘puente’ técnico-normativo para volver implementables los discursos: registro digital, gobernanza mínima, financiamiento y sostenibilidad (ODS).

Referencias (formato APA )

Ahora Nación. (2025). Plan de gobierno 2026–2031. Documento presentado para proceso electoral (versión digital).

Alianza para el Progreso. (2025). Plan de gobierno 2026–2031. Documento presentado para proceso electoral (versión digital).

Alianza Unidad Nacional. (2025). Plan de gobierno 2026–2031. Documento presentado para proceso electoral (versión digital).

Fuerza Popular. (2025). Perú con orden: Plan de gobierno 2026–2031. Documento presentado para proceso electoral (versión digital).

Partido Aprista Peruano. (2025). Plan de gobierno 2026. Renovemos el Perú. Documento presentado para proceso electoral (versión digital).

Partido Político Nacional Perú Libre. (2025). Plan de gobierno 2026–2031: Por la revancha del pueblo. Documento presentado para proceso electoral (versión digital).

Renovación Popular. (2025). Plan de gobierno 2026–2031. Documento presentado para proceso electoral (versión digital).

Galloso Mariños, W. (2025). Formalización de la asociatividad agraria en el Perú (Versión final con anexos gráficos). Escuela de Postgrado.

 

Asociatividad y Elecciones: Un llamado urgente a incorporar el agro en los programas de gobierno

Por: Walter Galloso Mariños — Asesor legal y consultor en temas agrarios

Resumen ejecutivo

En plena campaña electoral, los partidos y candidaturas definen las prioridades que marcarán el destino del país. Es momento de exigir que la agricultura —en particular la pequeña y mediana agricultura familiar— deje de ser un tema marginal en los programas de gobierno. Los agricultores familiares abastecen buena parte de la canasta básica y sostienen la seguridad alimentaria nacional; sin embargo, siguen enfrentando informalidad, fragmentación de la tierra, escaso acceso a crédito y baja institucionalidad asociativa. Este artículo propone que las fuerzas políticas asuman compromisos concretos y programáticos para promover la formalización de la asociatividad agraria, tomando como base la política de Estado aprobada por Decreto Supremo Nº 072-2006-AG y las experiencias y herramientas analizadas en la presente propuesta.

Por qué el agro debe ser prioridad en la agenda electoral

La agricultura familiar es la columna vertebral de la alimentación nacional. Muchas estimaciones y diagnósticos sectoriales señalan que más del 70 % de las unidades agropecuarias peruanas son de pequeña y mediana escala y que sus aportes son fundamentales para la canasta familiar. Ignorar este hecho en el diseño de políticas públicas es condenar a la continuidad de la pobreza rural y a la volatilidad de los mercados internos.

La pandemia y las crisis globales recientes demostraron la fragilidad de las cadenas de suministro y la importancia estratégica de contar con productores organizados, formales y con infraestructuras que permitan conservar y comercializar productos de calidad. La asociatividad formal —cooperativas, asociaciones y fondos agrarios— es la vía más efectiva para que los pequeños y medianos agricultores logren economías de escala, acceso a crédito y capacidad de negociación.

Una oportunidad normativa: Decreto Supremo Nº 072-2006-AG

El Estado peruano ya contó con un marco político de alcance —materializado en el Decreto Supremo Nº 072-2006-AG— que reconoce la necesidad de una política de Estado para el desarrollo agrario. La pregunta hoy es: ¿por qué esa política no se ha traducido en compromisos electorales y planes operativos claros por parte de los partidos y candidatos?

Incorporar el espíritu de ese Decreto en los planes de gobierno significa comprometerse a institucionalizar la asociatividad mediante instrumentos jurídicos simplificados, financiamiento sustentable, acompañamiento técnico permanente y compra pública orientada a asociaciones formalizadas.

Propuesta: cinco compromisos mínimos que toda propuesta de gobierno debiera asumir

1.      Reconocer la asociatividad como política de Estado y adoptar como compromiso programático la implementación del Decreto Supremo Nº 072-2006-AG, con metas y recursos presupuestales específicos.

2.       Financiamiento dirigido: crear un Fondo de Apoyo y Garantía para Asociaciones (FAGA) que facilite líneas de crédito preferenciales y cofinanciamiento para formalización e inversión en infraestructura asociativa (cámaras de frío, centros de acopio).

3.      Acompañamiento técnico y gobernanza: establecer Centros Regionales de Apoyo a la Asociatividad (CAP-Asociatividad) que ofrezcan formación continua en gestión, contabilidad y comercialización; condicionar incentivos a transparencia y rotación de directivos.

4.      Compras públicas con preferencia: reservar partidas en los programas de adquisiciones públicas (almuerzos escolares, compras institucionales) para productos provistos por asociaciones formalizadas que cumplan requisitos de calidad y trazabilidad.

5.      Simplificación administrativa: digitalizar e interoperar registros (ROESS, RUC-Coop, SUNAT, SUNARP) y ofrecer paquetes estandarizados de estatutos y comprobantes para acelerar la formalización.

Por qué estos compromisos cambian la realidad

Estos compromisos no son gestos electorales; son medidas con impacto directo y medible en tres ámbitos: ingresos de los hogares rurales, sostenibilidad institucional de las organizaciones y seguridad alimentaria nacional. La experiencia muestra que cuando las asociaciones cuentan con financiamiento, formación y mercado, aumentan su capacidad productiva y reducen la dependencia de intermediarios predatorios.

Un llamado claro a los candidatos y partidos

A los partidos políticos y candidaturas: incorporen en sus planes de gobierno líneas programáticas concretas, calendarios y recursos para la asociatividad. Exijan a sus equipos técnicos la adopción de las cinco medidas mínimas aquí propuestas y comprométanse públicamente a reportar avances anuales. El electorado rural y urbano —que depende de la canasta familiar— merece saber quién va a priorizar al agro.

Instrumentos de verificación y transparencia

Propongo que los compromisos se sometan a una cláusula de verificación pública: un observatorio ciudadano con participación de academia, organizaciones de productores y sociedad civil debe monitorear el cumplimiento inmediato post-elección. Metas claras (por ejemplo, % de organizaciones formalizadas, número de financiamientos concedidos, incremento del ingreso promedio) permitirán evaluar si las promesas electorales se traducen en resultados.

Conclusión

En un país donde la seguridad alimentaria y la estabilidad social dependen, en buena medida, de la agricultura familiar, pedir a los partidos que pongan el agro en el centro de su agenda no es una petición sectorial: es un imperativo democrático y económico. La asociatividad formal es la herramienta: denle prioridad programática, financiamiento y compromiso verificable. Las próximas elecciones son una oportunidad para transformar la palabra en políticas públicas que lleguen al campo.

Walter Galloso Mariños — waltergalloso@gmail.com

WhatsApp: 954 186 648

ASOCIATIVIDAD FORMAL: LA POLÍTICA QUE EL AGRO PERUANO NO PUEDE SEGUIR POSTERGANDO

 

Título: ASOCIATIVIDAD FORMAL: LA POLÍTICA QUE EL AGRO PERUANO NO PUEDE SEGUIR POSTERGANDO

Subtítulo: Si el Estado quiere un campo productivo e inclusivo, debe convertir el apoyo a las organizaciones agrarias en una política de Estado con instrumentos claros y financiamiento sostenido.

Por: Walter Galloso Mariños — Asesor legal y consultor en temas agrarios

 

El problema es conocido: la agricultura familiar concentra más del 70–80 % de las unidades productivas en el Perú, predominan los minifundios y muchas organizaciones de productores operan en condiciones de informalidad. El diagnóstico no es nuevo; lo que sí lo es la necesidad urgente de transformar el énfasis simbólico en acciones públicas efectivas. La asociatividad —cooperativas, asociaciones, fondos agrarios— no es un enunciado académico ni una fórmula mágica: es la vía más plausible para que los pequeños y medianos agricultores logren economías de escala, negociaciones con mejores condiciones y acceso real a crédito, asistencia técnica y mercados formales. Pero para que eso ocurra se requiere algo que hasta ahora ha faltado: una política de Estado integral, financiada y sostenida en el tiempo.

 ¿Por qué la asociatividad falla hoy? Porque la mayoría de las intervenciones han sido fragmentarias, temporales y desconectadas. Hemos visto programas de financiamiento puntuales, campañas de capacitación aisladas y promesas políticas que caducan con el cambio de gabinete. El resultado es predecible: organizaciones creadas para acceder a un incentivo, que desaparecen con él; comités que no rotan; libros contables inexistentes; y, sobre todo, agricultores que siguen sin poder acceder a mercados de mayor valor. No basta con «promover asociatividad» en un discurso ministerial: se necesita institucionalidad efectiva.

 Propongo cinco ejes que deben formar parte de una política pública nacional sobre asociatividad, diseñada para producir resultados concretos en plazos medibles.

 PRIMERO: SIMPLIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL MARCO JURÍDICO. Los trámites para obtener personería, inscribirse en registros y acceder a incentivos siguen siendo engorrosos y costosos para organizaciones rurales. Es imprescindible un paquete de «estatutos tipo», plantillas contables y un procedimiento vía plataformas digitales que reduzca tiempos y costos. El registro (ROESS/RUC-Coop) debe interoperar con SUNAT y SUNARP para que la formalización no sea un trámite sino una habilitación real.

 SEGUNDO: INCENTIVOS FINANCIEROS CONDICIONADOS A RESULTADOS. No hablamos de regalar recursos, sino de diseñar líneas de crédito preferenciales con garantía parcial del Estado y fondos de cofinanciamiento para infraestructura asociativa (cámaras de frío, centros de acopio, plantas de procesamiento). Los incentivos tributarios y el cofinanciamiento para formalización deben condicionarse a hitos verificables: estatutos vigentes, contabilidad mínima y plan de negocio aprobado.

 TERCERO: FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL PROFESIONAL Y CONTINUO. La débil gobernanza interna —falta de asambleas, ausencia de comités de fiscalización, directivos perpetuados— es una de las principales causas del fracaso asociativo. Se requieren Centros Regionales de Apoyo a la Asociatividad que brinden asistencia técnica permanente en gestión administrativa, financiera y comercialización, y programas de formación obligatoria para directivos y comités de vigilancia.

 CUARTO: PRIORIZAR LA ASOCIATIVIDAD EN COMPRAS PÚBLICAS Y ARTICULACIÓN CON EL MERCADO. El Estado puede y debe usar su poder de compra para generar demanda estable. Establecer cláusulas de preferencia para asociaciones formalizadas, con requisitos de calidad y trazabilidad, dinamiza cadenas productivas y reduce la barrera de acceso a mercados de escala.

 QUINTO: INFRAESTRUCTURA Y TRAZABILIDAD GESTIONADAS COLECTIVAMENTE. El caso de bienes públicos logísticos —cámaras de frío, centros de procesamiento, plataformas de trazabilidad digital— demuestra que la gestión asociativa de estos activos maximiza su uso y sostenibilidad. El Estado debe financiar la inversión inicial y condicionar la operación a modelos de gobernanza que garanticen acceso equitativo y rendición de cuentas.

 Estas medidas requieren gobernanza interinstitucional: un Consejo Nacional para la Asociatividad Agraria —con MIDAGRI a la cabeza y representación de Produce, Agroideas, Sierra y Selva Exportadora, gobiernos regionales, academia y representantes de productores— que fije metas, distribuya recursos y evalúe resultados. Las metas deben ser claras y medibles: por ejemplo, aumentar en 50 % el número de organizaciones formalizadas en cinco años; duplicar el acceso a crédito formal; y elevar en 25 % el ingreso promedio de los hogares asociados.

 Criticar no basta; también conviene subrayar que existen experiencias exitosas que pueden escalarse. Modelos logísticos gestionados por productores y alianzas público-privadas en regiones específicas muestran que es viable construir valor agregado desde el territorio. Lo que hace falta es convertir esas experiencias en políticas replicables, con financiamiento y mecanismos de evaluación continua.

 El costo de la inacción es alto: pobreza rural persistente, pérdida de competitividad en cadenas de alto valor y desperdicio de potencial productivo. El beneficio de actuar es tangible: organizaciones productivas más transparentes, agricultores con mejores precios y menores costos, y un campo que aporta al crecimiento equitativo del país.

En definitiva, la asociatividad no puede seguir siendo un deseo retórico. Si el Perú quiere un agro moderno, competitivo e inclusivo, debe institucionalizar el fomento de las organizaciones agrarias como política de Estado: normas simplificadas, financiamiento condicionado, acompañamiento técnico sostenido, compras públicas inteligentes e infraestructura asociativa. Los agricultores no piden dádivas; piden reglas claras, instrumentos efectivos y confianza para invertir colectivamente. Hagámoslo posible.

 

Walter Galloso Mariños — waltergalloso@gmail.com

WhatsApp: 954 186 648

Comentarios a la Nueva Ley Agraria y la Propuesta de Formalización de la Asociatividad en el Sector Agrario

 

Comentarios a la Nueva Ley Agraria y la Propuesta de Formalización de la Asociatividad en el Sector Agrario

WALTER GALLOSO MARIÑOS – ASESOR Y CONSULTOR LEGAL

waltergalloso@gmail.com /// waltergalloso@wgalloso.pe

Resumen

Este artículo analiza la reciente Ley N.º 32434, denominada Nueva Ley Agraria, a la luz del proceso de formalización de la asociatividad en el sector agrario peruano. Se reflexiona sobre su alcance normativo, las oportunidades que abre para pequeños y medianos productores, y su articulación con experiencias previas en América Latina. Asimismo, se discuten los beneficios y limitaciones de la nueva normativa en relación con la competitividad y sostenibilidad del sector agrario. Asimismo, se identifican beneficios potenciales para pequeños y medianos productores, y se plantean propuestas de mejora en clave de política pública.

Palabras clave

Asociatividad agraria; formalización; Nueva Ley Agraria; pequeños productores; desarrollo rural; América Latina. .

Introducción

El debate en torno a la formalización de la asociatividad agraria en el Perú ha cobrado renovada importancia con la promulgación de la Ley N.º 32434. Esta norma plantea una serie de disposiciones que, en principio, pretenden fortalecer el marco institucional del sector agrario, con especial énfasis en la pequeña y mediana agricultura. El presente artículo propone un análisis crítico de sus principales disposiciones, evaluando si realmente constituyen un refuerzo legislativo efectivo para la asociatividad y el desarrollo sostenible; así como un análisis crítico de su alcance, comparándolo con programas previos como AGROIDEAS y Haku Wiñay, así como con experiencias internacionales en Colombia, Ecuador, Chile y Brasil.

Alcances de la Nueva Ley Agraria

La Ley N.º 32434 introduce medidas orientadas a la formalización de organizaciones agrarias, estableciendo incentivos tributarios, acceso a créditos y mecanismos de apoyo técnico. Estos elementos son relevantes para consolidar a las asociaciones como actores económicos reconocidos, aunque persisten interrogantes sobre la implementación efectiva y la capacidad institucional del Estado.

La norma establece el Registro Nacional de Organizaciones de Productores Agrarios como requisito para acceder a programas estatales, incorpora beneficios tributarios diferenciados (0 % hasta 30 UIT; 1.5 % hasta 150 UIT) y crea la marca de certificación 'Cómprale al Pequeño Productor Agrario'. Estos instrumentos convierten a la formalización en condición habilitante para la competitividad.

Formalización y Asociatividad en América Latina

La experiencia comparada en países como Colombia, Ecuador, Chile y Brasil muestra que la asociatividad formalizada permite mejorar la inserción en mercados, acceder a financiamiento y generar economías de escala (Serrano et al., 2021; Santamaría & Cárdenas, 2023; Vélez et al., 2019). Sin embargo, los procesos de formalización requieren políticas integrales que combinen acompañamiento técnico, simplificación de trámites y promoción de cadenas de valor.

Beneficios Potenciales para Pequeños y Medianos Productores

La nueva normativa puede contribuir a la reducción de la informalidad, brindar mayor seguridad jurídica, y abrir puertas a mercados más exigentes. A nivel económico, los productores organizados podrían mejorar su poder de negociación, reducir costos y acceder a programas estatales y privados. A nivel social, la formalización fortalece la cohesión comunitaria y la representación frente al Estado.

La evidencia internacional muestra que la formalización puede generar beneficios sostenibles si se acompaña de asistencia técnica y acceso a mercados. En Colombia, la asociatividad enfrenta retos de baja capacitación y falta de infraestructura (Serrano Amado et al., 2021). En Ecuador, la asociatividad se vincula con procesos de descentralización y autonomías territoriales (Burneo, 2019). En Perú, programas como AGROIDEAS han tenido impactos limitados en ingresos, pero positivos en adopción tecnológica y capacidades organizativas (Ministerio de Economía y Finanzas & Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, 2024). Por su parte, Haku Wiñay ha fortalecido ingresos familiares y resiliencia mediante grupos asociativos locales (FONCODES, 2023). La FAO (2024) subraya que la asociatividad es clave para la resiliencia alimentaria, especialmente en contextos de crisis.

Limitaciones y Retos Pendientes

A pesar de los avances, subsisten retos como la falta de infraestructura productiva, el acceso desigual a la información, y la necesidad de superar la desconfianza histórica hacia las organizaciones colectivas. La implementación efectiva de la Ley N.º 32434 dependerá en gran medida de la coordinación interinstitucional, el financiamiento sostenido y la capacidad de generar confianza entre los productores.

Los principales beneficios de la Ley N.º 32434 incluyen el acceso ampliado a crédito, reducción de cargas fiscales y mejor inserción en mercados diferenciados. Sin embargo, persisten riesgos como el denominado 'enanismo tributario', donde las organizaciones podrían limitar su crecimiento para no perder beneficios, y la coexistencia normativa entre formas asociativas y cooperativas que puede generar duplicidades regulatorias.

Conclusiones

La Ley N.º 32434 representa un avance en el reconocimiento de la asociatividad agraria, pero requiere de políticas complementarias que aseguren su efectividad en el territorio. Su potencial para beneficiar a pequeños y medianos productores es significativo, siempre que se aborde de manera integral y con participación de los propios agricultores. En definitiva, la formalización de la asociatividad constituye una herramienta estratégica para la transformación del sector agrario peruano en un escenario de creciente competencia global.

La Ley N.º 32434 constituye un refuerzo legislativo a la formalización de la asociatividad agraria en el Perú. Su efectividad dependerá de la implementación efectiva y del acompañamiento institucional. La experiencia comparada en América Latina evidencia que los incentivos legales deben complementarse con políticas de inclusión productiva, compras públicas y apoyo técnico sostenido. En este marco, la formalización se configura como una herramienta estratégica para el fortalecimiento de la pequeña y mediana agricultura.

 

Referencias

Burneo, J. (2019). Notas de federalismo para la reforma del Estado ecuatoriano. Revista Jurídica Federalismo, 6(13), 25–34.

Congreso de la República del Perú. (2025). Ley N.º 32434: Ley que promueve la transformación productiva, competitiva y sostenible del sector agrario con protección social hacia la agricultura moderna. Diario Oficial El Peruano.

FAO. (2024). Resultados del proyecto 'Alianzas, procesos asociativos y vinculación comercial de la agricultura familiar en tiempos de la COVID-19 en América del Sur' (TCP/RLA/3806). Santiago: FAO. https://doi.org/10.4060/cd1202es

FONCODES. (2023). Emprendedores del cambio: V concurso nacional de experiencias exitosas de emprendimientos del proyecto productivo Haku Wiñay/Noa Jayatai. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

Ministerio de Economía y Finanzas, & Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola. (2024). Evaluación de impacto del Programa de Compensaciones para la Competitividad – AGROIDEAS. MEF/FIDA.

 

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Ne dirijo a ustedes para dar cuenta de una investigación y estoy desarrollando la tesis “La formalización de la asociatividad en el sector agrario: alternativa de desarrollo de la pequeña y mediana agricultura en el Perú”, con enfoque en la realidad del Perú. Nuestro objetivo es entender cómo las organizaciones agrarias —cooperativas, asociaciones y grupos de productores— pueden aprovechar mejor la formalización para acceder a financiamiento, mercados de mayor valor, asistencia técnica y fortalecer su gobernanza interna.

¿Por qué tu voz es clave?

Porque ningún diagnóstico es completo sin escuchar a quienes viven el día a día en el campo: tus dificultades para formalizarte, tus experiencias organizativas, los obstáculos y también las oportunidades que ves en la asociatividad. Con esa información podremos:

·        Proponer mejoras concretas en políticas públicas y programas de apoyo.

·        Diseñar herramientas de gestión adaptadas a tu realidad.

·        Fortalecer tu organización para negociar mejor y escalar sus beneficios.

¿Qué pedimos ahora?

Que nos acompañes: en los próximos días te invitaremos a responder una encuesta breve, diseñada para tomar pocos minutos de tu tiempo pero con un gran impacto. Tu información será tratada con confidencialidad y se usará únicamente para fines de la investigación y propuestas de mejora colectiva.

¿Y tú qué ganas?

Al participar, contribuyes a que se escuche tu voz en instancias de decisión, puedes recibir retroalimentación sobre hallazgos, y estarás en una red de productores comprometidos con el desarrollo organizativo y económico del campo.

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Si conoces a otros líderes o agricultores, reenvía este mensaje. Queremos construir un diagnóstico plural y representativo.

Contacto:
Walter Galloso Mariños
waltergalloso@gmail.con  / WhatsApp / 954186648]
Fecha estimada de lanzamiento de la encuesta: 13/08/2025

SUBSANACION DE OBSERVACIONES A INSCRIPCION DE DIRECTIVA DE UNA CONGREGACION RELIGIOSA

 

SUBSANACION DE OBSERVACIONES A INSCRIPCION DE DIRECTIVA DE UNA CONGREGACION RELIGIOSA

 Por la presente,  doy a conocer,los argumentos a mérito de la cual se busca subsanar una observación de Registros Públicos, relacionado a la inscripción de actos de una Congregación Religiosa

1. Que, debemos tener presente en primer lugar, que conforme a lo establecido en el artículo 81° de nuestro Ordenamiento civil, precisa: “…. Si la asociación es religiosa, su régimen interno se regula de acuerdo con el estatuto aprobado por la correspondiente autoridad eclesiástica.” “El Código Civil ha querido que su régimen canónico interno -es decir su organización, las instancias de formación de voluntad, su representación, etc.- sea el que rija para su vida civil. Por ello ha establecido que su régimen interno se regula de acuerdo con el estatuto aprobado por la autoridad eclesiástica”[1].
2. Que, por otro lado, conforme a lo prescrito por el Concordato suscrito entre el Estado Peruano y la Iglesia Católica, se ha establecido: "Artículo 9. Las Órdenes y Congregaciones Religiosas y los Institutos Seculares podrán organizarse como asociaciones conforme al Código Civil peruano, respetándose su régimen canónico interno".
3. Que, conforme es de verse,  la Congregación  de las Esclavas del Señor Misericordioso;  solicitó su inscripción de constitución a mérito de la escritura pública de fecha 20 de diciembre del año 2007;  en la cual se insertó el Estatuto social y el Decreto Arzobispal , que aprobó sus estatutos sociales y su reconocimiento como  un ente de carácter religioso; siendo que esta es una  persona jurídica canónica de derecho pontificio, cuya regulación se halla establecida en la Parte III de los Institutos de vida consagrada y de las sociedades de vida apostólica del Código de Derecho Canónico, cánones 573 y ss.
4. Que, conforme a lo establecido en su estatuto social,  se ha previsto en su artículo  Décimo Tercera, como usted bien lo señala, que la Congregación,  “…TENDRÁ UN LIBRO DE ACTAS LEGALIZADO EN DONDE SE SESIONARÁ  ÚNICAMENTE LOS ACUERDOS Y DECISIONES DEL CONSEJO”.
5. Bajo este contexto, el estatuto de la Congregación, conforme a sus estatutos propios,  no ha previsto  en su estatuto  órganos de gobierno o instancias para la toma de sus decisiones,  sólo hacer referencia, en su artículo Décimo que establece que una Consejera es  elegida por la Comunidad  por mayoría absoluta, no habiéndose previsto en sus normas internas  la legalización de un libro de actas  de  sesiones de la Comunidad, ni menos aún  prohíbe que se transcriban sus acuerdos; por lo que  no es incompatible el hecho de haber optado que la sesión de la comunidad, en la cual no sólo consta la elección de su tercera consejera, sino que también  procede a instalar su Consejo.
6. Que por otro lado se deberá tener presente que conforme a lo establecido en la Directiva  N° 07-2013-SUNARP/SN  que regula la Inscripción de los actos  y derechos de las Instituciones de la Iglesia Católica, el cual señala en  una de sus  antecedentes y consideraciones,  que “ El artículo IX del referido acuerdo prescribe que las instituciones que no gozan de personería jurídica de carácter público, podrán organizarse como asociaciones conforme al Código Civil Peruano, RESPETANDO SU RÉGMEN CANÓNICO INTERNO”[2].  Señalándose como una de sus finalidades, “ESTABLECER UNA REGULACIÓN QUE PROPICIE Y FACILITE LAS INSCRIPCIONES DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES DE LA IGLESIA CATÓLICA”.
7. Siendo así, de la revisión y lectura del Artículo Sexto de la mencionada Directiva, se señala en su numeral 6.3; parágrafo 6.3.1 acápite 3) (parte pertinente) … la forma de tomar acuerdos, indicando todo lo relativo a su funcionamiento, así como el periodo de vigencia.
8. Que, de igual manera en la norma citada en su numeral 6.6; se precisa “EN LOS CASOS QUE LAS AUTORIDADES EN EL PERÚ SEAN NOMBRADAS O RECONOCIDAS POR AUTORIDADES QUE RESIDEN EN EL EXTERIOR, PARA LA INSCRIPCIÓN DE SU NOMBRAMIENTO DEBERÁ ACOMPAÑARSE UNA CONSTANCIA DEL ORDINARIO DONDE DOMICILIA LA INSTITUCIÓN, INDICANDO QUE EL NOMBRAMIENTO O RECONOCIMIENTO DE DICHA AUTORIDAD FUE REALIZADA POR SU AUTORIDAD COMPETENTE EN EL EXTRANJERO. (…)”.  Seguidamente el numeral 6.7 señala: “Constancias expedidas por autoridades eclesiásticas.  “LAS CONSTANCIAS PREVISTAS EN LOS NUMERALES 6.2.2, 6.3.2 Y 6.6 SE PRESENTARÁN EN ORIGINAL Y TIENEN EL CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA Y SON DE RESPONSABILIDAD DE QUIENES LAS EXPIDEN.

El registrador no asumirá responsabilidad por la veracidad de los actos y hechos a que se refieren las constancias que se presenten al Registro.”

9. Que, conforme se puede apreciar de los documentos anexos, que forman parte del Título se ha presentado la Constancia emitida por su Excelencia Monseñor Carlos Gustavo Castillo Mattasoglio, Arzobispo de Lima y Primado del Perú,  por el cual da fe que  conforme a sus normas internas la Superiora General con Sede en Collevalenza - Italia  ha confirmado el nombramiento de la Superiora  y de la Vicaria, que es materia de rogatoria, con lo cual hemos cumplido con la formalidad exigida por la Directiva, no siendo por tanto aplicable lo señalado en su observación  al requerir  se cumpla lo dispuesto en el artículo 11 del Reglamento General de los Registros Públicos en el extremo de requerir que adjuntemos  la traducción y el apostillado del documento que designa dichas autoridades de la Congregación.
10. Que, siendo así es de aplicación lo señalado en el Reglamento General de los Registros Públicos “Artículo 8.- Requisitos de la inscripción Las inscripciones se efectuarán sobre la base de los documentos señalados en cada reglamento específico y, en su defecto, por las disposiciones que regulen la inscripción del acto o derecho respectivo.” Atendiendo que la Directiva citada establece cual debe ser la formalidad para acreditar la designación de la Superiora y de la Vicaría, la cual se ha cumplido con presentarlo como documento anexo o complementario del Título.

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[1] Cita tomado de “ Comentario (art.81 Código Civil)”; Javier  de Belaunde López de Romaña en Código Civil Comentado. Tomo I, Gaceta Jurídica.

[2] Resaltado en negritas y mayúsculas nuestro