CORRUPCIÓN Y CIUDADANÍA ELECTORAL EN EL PERÚ: UNA
REFLEXIÓN A PUERTAS DE UN PROCESO ELECTORAL
Walter Galloso – Asesor legal
La
corrupción en el Perú constituye un problema histórico, estructural y
multidimensional que trasciende el ámbito penal y afecta la legitimidad
democrática, la provisión de servicios públicos y la confianza ciudadana. La
literatura revisada permite sostener que la corrupción no debe ser entendida
únicamente como la desviación individual de ciertos funcionarios, sino como una
práctica que puede comprometer redes institucionales, sistemas de contratación,
patrones de impunidad y formas de captura del poder. A puertas de un proceso
electoral, esta discusión adquiere especial relevancia, porque el voto
ciudadano puede contribuir tanto a la reproducción como a la contención de
dichas prácticas. El presente artículo comenta literatura académica e
institucional sobre la corrupción en el Perú y plantea criterios mínimos de
prevención democrática para la ciudadanía al momento de elegir a sus
representantes. [cita:2][cita:3][cita:25][cita:13]
Palabras clave: CORRUPCIÓN Y CIUDADANÍA ELECTORAL EN EL PERÚ: UNA REFLEXIÓN A PUERTAS DE UN PROCESO ELECTORAL
Walter Galloso – Asesor legal
La
corrupción en el Perú constituye un problema histórico, estructural y
multidimensional que trasciende el ámbito penal y afecta la legitimidad
democrática, la provisión de servicios públicos y la confianza ciudadana. La
literatura revisada permite sostener que la corrupción no debe ser entendida
únicamente como la desviación individual de ciertos funcionarios, sino como una
práctica que puede comprometer redes institucionales, sistemas de contratación,
patrones de impunidad y formas de captura del poder. A puertas de un proceso
electoral, esta discusión adquiere especial relevancia, porque el voto
ciudadano puede contribuir tanto a la reproducción como a la contención de
dichas prácticas. El presente artículo comenta literatura académica e
institucional sobre la corrupción en el Perú y plantea criterios mínimos de
prevención democrática para la ciudadanía al momento de elegir a sus
representantes. [cita:2][cita:3][cita:25][cita:13]
Palabras clave:
corrupción, elecciones, ciudadanía, democracia, integridad pública, Perú.
Discutir
la corrupción en el Perú a puertas de un proceso electoral no constituye una
preocupación coyuntural ni exclusivamente jurídica. Se trata, más bien, de una
necesidad cívica vinculada con la calidad de la democracia, la vigencia del
Estado de derecho y la responsabilidad política del electorado. Los estudios
revisados coinciden en que la corrupción produce efectos económicos, sociales e
institucionales severos, pero también subrayan una consecuencia adicional: la
normalización del abuso del poder como forma ordinaria de mediación entre
ciudadanía y Estado. [cita:1][cita:3][cita:5]
En
este escenario, la elección de autoridades no puede reducirse a un acto de
adhesión emotiva, propaganda o identificación partidaria superficial. Por el
contrario, exige memoria histórica, análisis de trayectoria, vigilancia
democrática y una comprensión básica de cómo opera la corrupción en la
práctica. Este artículo desarrolla esa discusión desde una perspectiva de
comentario de literatura, utilizando fuentes históricas, institucionales y
jurisprudenciales para reflexionar sobre lo que la corrupción ha significado en
el Perú y sobre las prevenciones que la ciudadanía debería adoptar antes de
votar. [cita:2][cita:3][cita:8][cita:11]
La corrupción como problema histórico y estructural
Una
de las principales contribuciones de la literatura sobre corrupción en el Perú
es haber mostrado que no se trata de un fenómeno aislado ni reciente. La
perspectiva histórica desarrollada por Quiroz sostiene que el país ha estado
profundamente afectado por prácticas de abuso de recursos públicos,
sobrevaloración de compras estatales, cohecho, fraude y manipulación del poder
desde etapas tempranas de su vida republicana, lo que ha limitado el desarrollo
institucional y económico del país. [cita:25][cita:29]
En
esa misma línea, la reseña del Instituto de Estudios Peruanos sobre la obra de
Quiroz destaca que la corrupción no puede separarse de la debilidad del Estado
de derecho, de la falta de instituciones eficaces de control y de la ausencia
de élites políticas comprometidas con el interés general. En otras palabras, la
corrupción prospera donde el sistema normativo resulta incongruente con las
necesidades públicas y donde los controles institucionales no operan de manera
efectiva.[cita:8]
Esta
idea resulta fundamental en contextos electorales, pues obliga a abandonar una
lectura simplista según la cual la corrupción depende solo de la moral
individual del candidato. La literatura revisada muestra que el problema también
está asociado a arreglos estructurales: partidos débiles, institucionalidad
precaria, baja rendición de cuentas y redes de captura del aparato público. [cita:1][cita:3][cita:8]
La “megacorrupción” de los noventa y sus lecciones
Un
punto de inflexión en la comprensión de la corrupción en el Perú fue la
experiencia de la década de 1990. Rivera Paz sostiene que en ese periodo el
país no enfrentó meros actos dispersos de inconducta funcional, sino una
“megacorrupción” dirigida desde el núcleo del poder político, que subordinó
instituciones públicas y mecanismos de control a intereses particulares y
abiertamente ilícitos. [cita:3]
Según
ese análisis, el régimen articuló sobornos, chantajes, prebendas y cooptación
institucional para asegurar obediencia política, control de medios y
sometimiento de órganos de justicia. El daño principal no fue únicamente la
sustracción de fondos públicos, sino la destrucción de la confianza
democrática, la erosión del Estado de derecho y la captura de instituciones
llamadas precisamente a fiscalizar el poder. [cita:3]
La
relevancia de esta literatura para el debate electoral actual es evidente.
Enseña que la corrupción no siempre se presenta con el rostro visible del
funcionario que recibe una coima; también puede instalarse como método de
gobierno, como lógica de reproducción del poder y como sistema de sometimiento
institucional. De ahí que votar por liderazgos autoritarios, improvisados o
rodeados de operadores cuestionados no sea un asunto menor: puede convertirse
en la puerta de entrada a nuevas formas de degradación democrática. [cita:3][cita:11]
Aproximaciones conceptuales: corrupción, ética pública y
ciudadanía
Los
materiales de formación sobre integridad pública en el Perú definen la
corrupción como el mal uso del poder público o privado para obtener un
beneficio indebido, económico o no económico, vulnerando principios éticos,
normas y derechos fundamentales. Esta definición amplía el enfoque tradicional
centrado exclusivamente en el tipo penal y permite entender la corrupción como
un problema público que compromete igualdad, imparcialidad y acceso a derechos.
[cita:1]
Desde
una mirada complementaria, Rowland define la corrupción en el sector público
como el abuso de poder para obtener beneficio particular, subrayando que sus
manifestaciones pueden darse tanto “de acuerdo con la ley” como “contra la
ley”, lo que revela la flexibilidad del fenómeno y su capacidad para ocultarse
dentro de procedimientos formalmente válidos. Además, identifica causas
formales, culturales y materiales que favorecen su persistencia, entre ellas la
tolerancia social hacia privilegios privados, la cultura de ilegalidad y las
brechas entre norma y realidad social. [cita:5]
Estas
aproximaciones son especialmente útiles para el ciudadano elector porque ayudan
a comprender que la corrupción no se limita a grandes escándalos nacionales.
También se expresa en clientelismo, favores, uso patrimonial del cargo,
direccionamiento de decisiones, tolerancia a la impunidad y banalización del
incumplimiento normativo. En consecuencia, prevenir la corrupción desde el voto
exige también una cultura política menos indulgente con estas prácticas. [cita:1][cita:5]
Lo que muestra la literatura empírica reciente
La
investigación coordinada por Torres sobre sentencias condenatorias de la Corte
Suprema entre 2017 y 2022 permite observar con mayor precisión cómo opera la
corrupción en el Perú contemporáneo. El estudio analizó 2,096 sentencias
identificadas para ese periodo y examinó delitos como cohecho, tráfico de
influencias, patrocinio ilegal, peculado, malversación, colusión, negociación
incompatible y enriquecimiento ilícito. [cita:2]
Los
hallazgos muestran que la corrupción mantiene una fuerte presencia en
municipalidades distritales y provinciales, gobiernos regionales, instituciones
educativas, hospitales y otros espacios vinculados con administración y
contratación pública. Asimismo, el estudio revela patrones como pagos por
servicios no realizados, obras sin ejecución real, sobrevaloración, adquisición
de bienes defectuosos o “fantasma”, concertación con empresas y uso indebido de
recursos estatales para beneficio propio o de terceros. [cita:2]
Este
tipo de evidencia resulta particularmente relevante en contextos electorales
porque desplaza la discusión desde el plano abstracto hacia las formas
concretas en que se lesiona el interés público. No se trata solo de
“corrupción” como categoría moral, sino de prácticas específicas que deterioran
escuelas, hospitales, carreteras, programas sociales y servicios básicos. En
ese sentido, el elector debe comprender que elegir mal no produce únicamente un
problema político: puede traducirse en obras inservibles, servicios precarios y
exclusión social. [cita:1][cita:2]
Impactos democráticos y sociales de la corrupción
La
literatura institucional revisada coincide en que la corrupción afecta la
calidad de los servicios públicos, reduce la eficacia del gasto estatal y
acentúa desigualdades sociales. El material de estudio sobre corrupción como
problema público señala que una contratación mal gestionada, en condiciones
desiguales, reduce competitividad, alienta ineficiencia y repercute finalmente
en el producto o servicio que recibe la ciudadanía. [cita:1]
De
modo similar, Rowland advierte que la corrupción incrementa los costos de
bienes y servicios, distorsiona incentivos económicos, preserva redes de
complicidad entre élites políticas y económicas, y erosiona la legitimidad
estatal. En el plano social, subraya que las clases populares suelen ser las
más perjudicadas, pues la corrupción las empuja hacia circuitos informales y
les dificulta el acceso efectivo a derechos y prestaciones públicas. [cita:5]
A
ello se suma el impacto en la percepción pública. Proética reportó que el Perú
alcanzó 30 puntos en el Índice de Percepción de la Corrupción 2025 y cayó ocho
puntos en cinco años, ubicándose en el puesto 130 de 182 países evaluados.
Estos datos no solo reflejan una percepción extendida de corrupción en el
sector público, sino también un deterioro persistente en la confianza respecto
del funcionamiento institucional del país. [cita:13][cita:18][cita:31]
Corrupción y proceso electoral: riesgos de la amnesia
ciudadana
A
puertas de una elección, uno de los principales riesgos democráticos es la
amnesia ciudadana. La experiencia peruana demuestra que el descrédito de la
política no siempre fortalece el voto responsable; muchas veces, por el
contrario, facilita la aparición de candidaturas que instrumentalizan el
discurso anticorrupción mientras reproducen prácticas clientelares,
autoritarias o patrimonialistas. [cita:3][cita:5]
Los
materiales de integridad pública advierten, además, que una de las causas más
recurrentes de la corrupción en la percepción ciudadana es la fragilidad de los
partidos políticos y su tendencia a ver el Estado como botín. Cuando las
organizaciones aparecen solo en campaña, sin institucionalidad real ni
programas sólidos, el riesgo de captura del aparato estatal por intereses
privados aumenta considerablemente. [cita:1]
El
contexto electoral reciente también ha mostrado señales preocupantes. Informes
periodísticos sobre las elecciones generales de 2026 reportaron la inclusión de
postulantes al Congreso con procesos judiciales vigentes, condenas previas o
vínculos cercanos con personas investigadas por corrupción u otros delitos
graves. Aunque cada caso exige precisión y respeto al debido proceso, la
presencia reiterada de estos antecedentes evidencia que el filtrado ético
dentro de las organizaciones políticas continúa siendo débil. [cita:11][cita:30]
Prevención ciudadana: criterios mínimos para elegir mejor
A
partir de la literatura revisada, puede sostenerse que la prevención
democrática frente a la corrupción comienza antes del sufragio. El ciudadano no
está llamado a encontrar candidatos moralmente impecables, pero sí puede
aplicar criterios básicos de vigilancia que reduzcan el margen de captura,
simulación o impunidad. [cita:1][cita:3]
En
primer lugar, conviene revisar antecedentes públicos, procesos judiciales,
sanciones administrativas, historial patrimonial y redes de financiamiento o
contratación que rodean al candidato. En segundo término, debe observarse si la
organización política tiene estructura, programa y mecanismos internos de
control, o si se trata simplemente de una plataforma electoral temporal.
Finalmente, corresponde evaluar el entorno del candidato: operadores,
familiares, aliados empresariales y beneficiarios recurrentes de contratos
estatales pueden ofrecer señales importantes sobre futuras formas de gestión
del poder. [cita:2][cita:11][cita:12]
Del
mismo modo, la ciudadanía debe desconfiar de la retórica del “outsider puro”
cuando esta no viene acompañada de transparencia, rendición de cuentas y
respeto institucional. La literatura sobre la corrupción peruana enseña que los
sistemas democráticos no se deterioran únicamente por corrupción tradicional,
sino también por la concentración de poder, la eliminación de contrapesos y la
normalización del mando personalista. [cita:3][cita:8]
La
literatura comentada permite arribar a una conclusión central: la corrupción en
el Perú no es solo una infracción legal, sino una forma de organización del
poder que puede volverse estructural cuando confluyen impunidad, debilidad
partidaria, tolerancia social y ausencia de vigilancia ciudadana. Esta
constatación obliga a repensar el voto no como una simple preferencia política,
sino como una decisión con efectos institucionales de largo plazo. [cita:1][cita:2][cita:3]
Un
riesgo especialmente visible en el Perú reciente es la captura de instituciones
de control por parte de partidos que dominan el Congreso. Un ejemplo
ilustrativo es el comportamiento de las fuerzas políticas que, en el último
periodo parlamentario, han incidido en el Ministerio Público —buscando influir
en el archivo de investigaciones que los involucran—, en el Tribunal
Constitucional —para obtener decisiones que anulen o paralicen procesos en
trámite—, en la Junta Nacional de Justicia —promoviendo la destitución de
fiscales y jueces incómodos al poder— y en la Defensoría del Pueblo —utilizada,
en la práctica, como plataforma para respaldar a actores procesados por
corrupción o para relativizar su responsabilidad. Este tipo de intervenciones
refleja, en la línea de lo advertido por la literatura sobre megacorrupción y
ausencia de políticas de Estado, cómo la corrupción puede traducirse en
estrategias de control institucional orientadas a asegurar impunidad y a vaciar
de contenido los mecanismos democráticos de fiscalización.
Asimismo,
la revisión evidencia que la prevención no puede recaer exclusivamente en
jueces, fiscales o entidades de control. Si bien estas instituciones son
indispensables, la literatura insiste en que sin respaldo político sostenido y
sin participación activa de la sociedad civil, las políticas anticorrupción se
reducen con frecuencia a planes declarativos. La experiencia peruana, según
Rivera Paz, muestra precisamente el fracaso de estrategias sin voluntad
política consistente. [cita:3]
En
ese marco, el elector cumple una función decisiva. Su responsabilidad no agota
la lucha contra la corrupción, pero sí puede alterar las condiciones de
posibilidad de su reproducción. Elegir autoridades con antecedentes graves,
tolerar entornos clientelares o premiar discursos autoritarios por mera
frustración con la política equivale, muchas veces, a desarmar desde el origen
las barreras democráticas frente a la corrupción. [cita:1][cita:3][cita:11]
La
corrupción en el Perú debe ser comprendida como un fenómeno histórico y
estructural que ha lesionado el desarrollo institucional, la provisión de
servicios públicos y la legitimidad democrática. La literatura revisada
demuestra que sus efectos van mucho más allá de la pérdida económica:
comprometen derechos, quiebran la igualdad y deterioran la relación entre
ciudadanía y Estado. [cita:1][cita:3][cita:25]
La
experiencia de la megacorrupción de los años noventa, así como los hallazgos
jurisprudenciales recientes sobre peculado, colusión, cohecho y otros delitos,
muestran que la corrupción puede adoptar formas sistémicas y normalizarse en
distintos niveles de gobierno. Por ello, el proceso electoral representa una
oportunidad crítica para discutir no solo candidaturas, sino también modelos de
relación entre poder, instituciones y ciudadanía. [cita:2][cita:3]
A
puertas de las elecciones, la principal prevención democrática que puede
ejercer la ciudadanía es votar con memoria, información y criterio ético.
Elegir bien no garantiza por sí solo la erradicación de la corrupción, pero
elegir sin vigilancia, sin revisión de antecedentes y sin comprensión del
problema facilita su continuidad. La democracia peruana exige, hoy más que
nunca, electores menos resignados y más atentos a la integridad de quienes
aspiran a gobernarla. [cita:1][cita:11][cita:13]
Blondet,
C. (s. f.). Reseña del libro «Historia de
la corrupción en el Perú» de Alfonso Quiroz. Instituto de Estudios
Peruanos. https://argumentos-historico.iep.org.pe/articulos/resena-del-libro-historia-de-la-corrupcion-en-el-peru/ [cita:8]
Infobae.
(2025, 26 de diciembre). Elecciones 2026:
listas al Congreso incluyen investigados por corrupción, condenados y
familiares de figuras cuestionadas. https://www.infobae.com/peru/2025/12/27/elecciones-2026-listas-al-congreso-incluyen-investigados-por-corrupcion-condenados-y-fam/ [cita:11]
Proética.
(2026, 3 de febrero). Índice de
Percepción de la Corrupción 2025. https://www.proetica.org.pe/indice-de-percepcion-de-la-corrupcion/ [cita:13]
Proética.
(2026, 9 de febrero). El Perú cae 8
puntos en el Índice de Percepción de la Corrupción en los últimos cinco años.
https://www.proetica.org.pe/noticias/el-peru-cae-8-puntos-en-el-indice-de-percepcion-de-la-corrupcion-en-los-ultimos-cinco-anos/ [cita:18]
Quiroz,
A. W. (2013). Historia de la corrupción
en el Perú. Instituto de Estudios Peruanos. [cita:25]
Rivera
Paz, C. (2009). Sin política de Estado no hay lucha contra la corrupción. THEMIS Revista de Derecho, 57, 125-132.
[cita:3]
Rowland,
M. (1998). Visión contemporánea de la corrupción. En La hora de la transparencia en América Latina. El manual de
anticorrupción en la función pública (pp. 31-42). Granica/Ciedla. [cita:5]
Torres,
D. (Coord.). (2023). Dinámicas de
corrupción en el Perú: análisis a partir de sentencias de la Corte Suprema de
Justicia. Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia
Universidad Católica del Perú. [cita:2]
Unidad
1 – Material de estudio. (s. f.). Curso
MOOC: Introducción a la corrupción como problema público. [cita:1]
Discutir
la corrupción en el Perú a puertas de un proceso electoral no constituye una
preocupación coyuntural ni exclusivamente jurídica. Se trata, más bien, de una
necesidad cívica vinculada con la calidad de la democracia, la vigencia del
Estado de derecho y la responsabilidad política del electorado. Los estudios
revisados coinciden en que la corrupción produce efectos económicos, sociales e
institucionales severos, pero también subrayan una consecuencia adicional: la
normalización del abuso del poder como forma ordinaria de mediación entre
ciudadanía y Estado. [cita:1][cita:3][cita:5]
En
este escenario, la elección de autoridades no puede reducirse a un acto de
adhesión emotiva, propaganda o identificación partidaria superficial. Por el
contrario, exige memoria histórica, análisis de trayectoria, vigilancia
democrática y una comprensión básica de cómo opera la corrupción en la
práctica. Este artículo desarrolla esa discusión desde una perspectiva de
comentario de literatura, utilizando fuentes históricas, institucionales y
jurisprudenciales para reflexionar sobre lo que la corrupción ha significado en
el Perú y sobre las prevenciones que la ciudadanía debería adoptar antes de
votar. [cita:2][cita:3][cita:8][cita:11]
La corrupción como problema histórico y estructural
Una
de las principales contribuciones de la literatura sobre corrupción en el Perú
es haber mostrado que no se trata de un fenómeno aislado ni reciente. La
perspectiva histórica desarrollada por Quiroz sostiene que el país ha estado
profundamente afectado por prácticas de abuso de recursos públicos,
sobrevaloración de compras estatales, cohecho, fraude y manipulación del poder
desde etapas tempranas de su vida republicana, lo que ha limitado el desarrollo
institucional y económico del país. [cita:25][cita:29]
En
esa misma línea, la reseña del Instituto de Estudios Peruanos sobre la obra de
Quiroz destaca que la corrupción no puede separarse de la debilidad del Estado
de derecho, de la falta de instituciones eficaces de control y de la ausencia
de élites políticas comprometidas con el interés general. En otras palabras, la
corrupción prospera donde el sistema normativo resulta incongruente con las
necesidades públicas y donde los controles institucionales no operan de manera
efectiva.[cita:8]
Esta
idea resulta fundamental en contextos electorales, pues obliga a abandonar una
lectura simplista según la cual la corrupción depende solo de la moral
individual del candidato. La literatura revisada muestra que el problema también
está asociado a arreglos estructurales: partidos débiles, institucionalidad
precaria, baja rendición de cuentas y redes de captura del aparato público. [cita:1][cita:3][cita:8]
La “megacorrupción” de los noventa y sus lecciones
Un
punto de inflexión en la comprensión de la corrupción en el Perú fue la
experiencia de la década de 1990. Rivera Paz sostiene que en ese periodo el
país no enfrentó meros actos dispersos de inconducta funcional, sino una
“megacorrupción” dirigida desde el núcleo del poder político, que subordinó
instituciones públicas y mecanismos de control a intereses particulares y
abiertamente ilícitos. [cita:3]
Según
ese análisis, el régimen articuló sobornos, chantajes, prebendas y cooptación
institucional para asegurar obediencia política, control de medios y
sometimiento de órganos de justicia. El daño principal no fue únicamente la
sustracción de fondos públicos, sino la destrucción de la confianza
democrática, la erosión del Estado de derecho y la captura de instituciones
llamadas precisamente a fiscalizar el poder. [cita:3]
La
relevancia de esta literatura para el debate electoral actual es evidente.
Enseña que la corrupción no siempre se presenta con el rostro visible del
funcionario que recibe una coima; también puede instalarse como método de
gobierno, como lógica de reproducción del poder y como sistema de sometimiento
institucional. De ahí que votar por liderazgos autoritarios, improvisados o
rodeados de operadores cuestionados no sea un asunto menor: puede convertirse
en la puerta de entrada a nuevas formas de degradación democrática. [cita:3][cita:11]
Aproximaciones conceptuales: corrupción, ética pública y
ciudadanía
Los
materiales de formación sobre integridad pública en el Perú definen la
corrupción como el mal uso del poder público o privado para obtener un
beneficio indebido, económico o no económico, vulnerando principios éticos,
normas y derechos fundamentales. Esta definición amplía el enfoque tradicional
centrado exclusivamente en el tipo penal y permite entender la corrupción como
un problema público que compromete igualdad, imparcialidad y acceso a derechos.
[cita:1]
Desde
una mirada complementaria, Rowland define la corrupción en el sector público
como el abuso de poder para obtener beneficio particular, subrayando que sus
manifestaciones pueden darse tanto “de acuerdo con la ley” como “contra la
ley”, lo que revela la flexibilidad del fenómeno y su capacidad para ocultarse
dentro de procedimientos formalmente válidos. Además, identifica causas
formales, culturales y materiales que favorecen su persistencia, entre ellas la
tolerancia social hacia privilegios privados, la cultura de ilegalidad y las
brechas entre norma y realidad social. [cita:5]
Estas
aproximaciones son especialmente útiles para el ciudadano elector porque ayudan
a comprender que la corrupción no se limita a grandes escándalos nacionales.
También se expresa en clientelismo, favores, uso patrimonial del cargo,
direccionamiento de decisiones, tolerancia a la impunidad y banalización del
incumplimiento normativo. En consecuencia, prevenir la corrupción desde el voto
exige también una cultura política menos indulgente con estas prácticas. [cita:1][cita:5]
Lo que muestra la literatura empírica reciente
La
investigación coordinada por Torres sobre sentencias condenatorias de la Corte
Suprema entre 2017 y 2022 permite observar con mayor precisión cómo opera la
corrupción en el Perú contemporáneo. El estudio analizó 2,096 sentencias
identificadas para ese periodo y examinó delitos como cohecho, tráfico de
influencias, patrocinio ilegal, peculado, malversación, colusión, negociación
incompatible y enriquecimiento ilícito. [cita:2]
Los
hallazgos muestran que la corrupción mantiene una fuerte presencia en
municipalidades distritales y provinciales, gobiernos regionales, instituciones
educativas, hospitales y otros espacios vinculados con administración y
contratación pública. Asimismo, el estudio revela patrones como pagos por
servicios no realizados, obras sin ejecución real, sobrevaloración, adquisición
de bienes defectuosos o “fantasma”, concertación con empresas y uso indebido de
recursos estatales para beneficio propio o de terceros. [cita:2]
Este
tipo de evidencia resulta particularmente relevante en contextos electorales
porque desplaza la discusión desde el plano abstracto hacia las formas
concretas en que se lesiona el interés público. No se trata solo de
“corrupción” como categoría moral, sino de prácticas específicas que deterioran
escuelas, hospitales, carreteras, programas sociales y servicios básicos. En
ese sentido, el elector debe comprender que elegir mal no produce únicamente un
problema político: puede traducirse en obras inservibles, servicios precarios y
exclusión social. [cita:1][cita:2]
Impactos democráticos y sociales de la corrupción
La
literatura institucional revisada coincide en que la corrupción afecta la
calidad de los servicios públicos, reduce la eficacia del gasto estatal y
acentúa desigualdades sociales. El material de estudio sobre corrupción como
problema público señala que una contratación mal gestionada, en condiciones
desiguales, reduce competitividad, alienta ineficiencia y repercute finalmente
en el producto o servicio que recibe la ciudadanía. [cita:1]
De
modo similar, Rowland advierte que la corrupción incrementa los costos de
bienes y servicios, distorsiona incentivos económicos, preserva redes de
complicidad entre élites políticas y económicas, y erosiona la legitimidad
estatal. En el plano social, subraya que las clases populares suelen ser las
más perjudicadas, pues la corrupción las empuja hacia circuitos informales y
les dificulta el acceso efectivo a derechos y prestaciones públicas. [cita:5]
A
ello se suma el impacto en la percepción pública. Proética reportó que el Perú
alcanzó 30 puntos en el Índice de Percepción de la Corrupción 2025 y cayó ocho
puntos en cinco años, ubicándose en el puesto 130 de 182 países evaluados.
Estos datos no solo reflejan una percepción extendida de corrupción en el
sector público, sino también un deterioro persistente en la confianza respecto
del funcionamiento institucional del país. [cita:13][cita:18][cita:31]
Corrupción y proceso electoral: riesgos de la amnesia
ciudadana
A
puertas de una elección, uno de los principales riesgos democráticos es la
amnesia ciudadana. La experiencia peruana demuestra que el descrédito de la
política no siempre fortalece el voto responsable; muchas veces, por el
contrario, facilita la aparición de candidaturas que instrumentalizan el
discurso anticorrupción mientras reproducen prácticas clientelares,
autoritarias o patrimonialistas. [cita:3][cita:5]
Los
materiales de integridad pública advierten, además, que una de las causas más
recurrentes de la corrupción en la percepción ciudadana es la fragilidad de los
partidos políticos y su tendencia a ver el Estado como botín. Cuando las
organizaciones aparecen solo en campaña, sin institucionalidad real ni
programas sólidos, el riesgo de captura del aparato estatal por intereses
privados aumenta considerablemente. [cita:1]
El
contexto electoral reciente también ha mostrado señales preocupantes. Informes
periodísticos sobre las elecciones generales de 2026 reportaron la inclusión de
postulantes al Congreso con procesos judiciales vigentes, condenas previas o
vínculos cercanos con personas investigadas por corrupción u otros delitos
graves. Aunque cada caso exige precisión y respeto al debido proceso, la
presencia reiterada de estos antecedentes evidencia que el filtrado ético
dentro de las organizaciones políticas continúa siendo débil. [cita:11][cita:30]
Prevención ciudadana: criterios mínimos para elegir mejor
A
partir de la literatura revisada, puede sostenerse que la prevención
democrática frente a la corrupción comienza antes del sufragio. El ciudadano no
está llamado a encontrar candidatos moralmente impecables, pero sí puede
aplicar criterios básicos de vigilancia que reduzcan el margen de captura,
simulación o impunidad. [cita:1][cita:3]
En
primer lugar, conviene revisar antecedentes públicos, procesos judiciales,
sanciones administrativas, historial patrimonial y redes de financiamiento o
contratación que rodean al candidato. En segundo término, debe observarse si la
organización política tiene estructura, programa y mecanismos internos de
control, o si se trata simplemente de una plataforma electoral temporal.
Finalmente, corresponde evaluar el entorno del candidato: operadores,
familiares, aliados empresariales y beneficiarios recurrentes de contratos
estatales pueden ofrecer señales importantes sobre futuras formas de gestión
del poder. [cita:2][cita:11][cita:12]
Del
mismo modo, la ciudadanía debe desconfiar de la retórica del “outsider puro”
cuando esta no viene acompañada de transparencia, rendición de cuentas y
respeto institucional. La literatura sobre la corrupción peruana enseña que los
sistemas democráticos no se deterioran únicamente por corrupción tradicional,
sino también por la concentración de poder, la eliminación de contrapesos y la
normalización del mando personalista. [cita:3][cita:8]
La
literatura comentada permite arribar a una conclusión central: la corrupción en
el Perú no es solo una infracción legal, sino una forma de organización del
poder que puede volverse estructural cuando confluyen impunidad, debilidad
partidaria, tolerancia social y ausencia de vigilancia ciudadana. Esta
constatación obliga a repensar el voto no como una simple preferencia política,
sino como una decisión con efectos institucionales de largo plazo. [cita:1][cita:2][cita:3]
Un
riesgo especialmente visible en el Perú reciente es la captura de instituciones
de control por parte de partidos que dominan el Congreso. Un ejemplo
ilustrativo es el comportamiento de las fuerzas políticas que, en el último
periodo parlamentario, han incidido en el Ministerio Público —buscando influir
en el archivo de investigaciones que los involucran—, en el Tribunal
Constitucional —para obtener decisiones que anulen o paralicen procesos en
trámite—, en la Junta Nacional de Justicia —promoviendo la destitución de
fiscales y jueces incómodos al poder— y en la Defensoría del Pueblo —utilizada,
en la práctica, como plataforma para respaldar a actores procesados por
corrupción o para relativizar su responsabilidad. Este tipo de intervenciones
refleja, en la línea de lo advertido por la literatura sobre megacorrupción y
ausencia de políticas de Estado, cómo la corrupción puede traducirse en
estrategias de control institucional orientadas a asegurar impunidad y a vaciar
de contenido los mecanismos democráticos de fiscalización.
Asimismo,
la revisión evidencia que la prevención no puede recaer exclusivamente en
jueces, fiscales o entidades de control. Si bien estas instituciones son
indispensables, la literatura insiste en que sin respaldo político sostenido y
sin participación activa de la sociedad civil, las políticas anticorrupción se
reducen con frecuencia a planes declarativos. La experiencia peruana, según
Rivera Paz, muestra precisamente el fracaso de estrategias sin voluntad
política consistente. [cita:3]
En
ese marco, el elector cumple una función decisiva. Su responsabilidad no agota
la lucha contra la corrupción, pero sí puede alterar las condiciones de
posibilidad de su reproducción. Elegir autoridades con antecedentes graves,
tolerar entornos clientelares o premiar discursos autoritarios por mera
frustración con la política equivale, muchas veces, a desarmar desde el origen
las barreras democráticas frente a la corrupción. [cita:1][cita:3][cita:11]
La
corrupción en el Perú debe ser comprendida como un fenómeno histórico y
estructural que ha lesionado el desarrollo institucional, la provisión de
servicios públicos y la legitimidad democrática. La literatura revisada
demuestra que sus efectos van mucho más allá de la pérdida económica:
comprometen derechos, quiebran la igualdad y deterioran la relación entre
ciudadanía y Estado. [cita:1][cita:3][cita:25]
La
experiencia de la megacorrupción de los años noventa, así como los hallazgos
jurisprudenciales recientes sobre peculado, colusión, cohecho y otros delitos,
muestran que la corrupción puede adoptar formas sistémicas y normalizarse en
distintos niveles de gobierno. Por ello, el proceso electoral representa una
oportunidad crítica para discutir no solo candidaturas, sino también modelos de
relación entre poder, instituciones y ciudadanía. [cita:2][cita:3]
A
puertas de las elecciones, la principal prevención democrática que puede
ejercer la ciudadanía es votar con memoria, información y criterio ético.
Elegir bien no garantiza por sí solo la erradicación de la corrupción, pero
elegir sin vigilancia, sin revisión de antecedentes y sin comprensión del
problema facilita su continuidad. La democracia peruana exige, hoy más que
nunca, electores menos resignados y más atentos a la integridad de quienes
aspiran a gobernarla. [cita:1][cita:11][cita:13]
Blondet,
C. (s. f.). Reseña del libro «Historia de
la corrupción en el Perú» de Alfonso Quiroz. Instituto de Estudios
Peruanos. https://argumentos-historico.iep.org.pe/articulos/resena-del-libro-historia-de-la-corrupcion-en-el-peru/ [cita:8]
Infobae.
(2025, 26 de diciembre). Elecciones 2026:
listas al Congreso incluyen investigados por corrupción, condenados y
familiares de figuras cuestionadas. https://www.infobae.com/peru/2025/12/27/elecciones-2026-listas-al-congreso-incluyen-investigados-por-corrupcion-condenados-y-fam/ [cita:11]
Proética.
(2026, 3 de febrero). Índice de
Percepción de la Corrupción 2025. https://www.proetica.org.pe/indice-de-percepcion-de-la-corrupcion/ [cita:13]
Proética.
(2026, 9 de febrero). El Perú cae 8
puntos en el Índice de Percepción de la Corrupción en los últimos cinco años.
https://www.proetica.org.pe/noticias/el-peru-cae-8-puntos-en-el-indice-de-percepcion-de-la-corrupcion-en-los-ultimos-cinco-anos/ [cita:18]
Quiroz,
A. W. (2013). Historia de la corrupción
en el Perú. Instituto de Estudios Peruanos. [cita:25]
Rivera
Paz, C. (2009). Sin política de Estado no hay lucha contra la corrupción. THEMIS Revista de Derecho, 57, 125-132.
[cita:3]
Rowland,
M. (1998). Visión contemporánea de la corrupción. En La hora de la transparencia en América Latina. El manual de
anticorrupción en la función pública (pp. 31-42). Granica/Ciedla. [cita:5]
Torres,
D. (Coord.). (2023). Dinámicas de
corrupción en el Perú: análisis a partir de sentencias de la Corte Suprema de
Justicia. Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia
Universidad Católica del Perú. [cita:2]
Unidad
1 – Material de estudio. (s. f.). Curso
MOOC: Introducción a la corrupción como problema público. [cita:1]
