Asociatividad y Elecciones: Un llamado urgente a incorporar el agro en los programas de gobierno

Por: Walter Galloso Mariños — Asesor legal y consultor en temas agrarios

Resumen ejecutivo

En plena campaña electoral, los partidos y candidaturas definen las prioridades que marcarán el destino del país. Es momento de exigir que la agricultura —en particular la pequeña y mediana agricultura familiar— deje de ser un tema marginal en los programas de gobierno. Los agricultores familiares abastecen buena parte de la canasta básica y sostienen la seguridad alimentaria nacional; sin embargo, siguen enfrentando informalidad, fragmentación de la tierra, escaso acceso a crédito y baja institucionalidad asociativa. Este artículo propone que las fuerzas políticas asuman compromisos concretos y programáticos para promover la formalización de la asociatividad agraria, tomando como base la política de Estado aprobada por Decreto Supremo Nº 072-2006-AG y las experiencias y herramientas analizadas en la presente propuesta.

Por qué el agro debe ser prioridad en la agenda electoral

La agricultura familiar es la columna vertebral de la alimentación nacional. Muchas estimaciones y diagnósticos sectoriales señalan que más del 70 % de las unidades agropecuarias peruanas son de pequeña y mediana escala y que sus aportes son fundamentales para la canasta familiar. Ignorar este hecho en el diseño de políticas públicas es condenar a la continuidad de la pobreza rural y a la volatilidad de los mercados internos.

La pandemia y las crisis globales recientes demostraron la fragilidad de las cadenas de suministro y la importancia estratégica de contar con productores organizados, formales y con infraestructuras que permitan conservar y comercializar productos de calidad. La asociatividad formal —cooperativas, asociaciones y fondos agrarios— es la vía más efectiva para que los pequeños y medianos agricultores logren economías de escala, acceso a crédito y capacidad de negociación.

Una oportunidad normativa: Decreto Supremo Nº 072-2006-AG

El Estado peruano ya contó con un marco político de alcance —materializado en el Decreto Supremo Nº 072-2006-AG— que reconoce la necesidad de una política de Estado para el desarrollo agrario. La pregunta hoy es: ¿por qué esa política no se ha traducido en compromisos electorales y planes operativos claros por parte de los partidos y candidatos?

Incorporar el espíritu de ese Decreto en los planes de gobierno significa comprometerse a institucionalizar la asociatividad mediante instrumentos jurídicos simplificados, financiamiento sustentable, acompañamiento técnico permanente y compra pública orientada a asociaciones formalizadas.

Propuesta: cinco compromisos mínimos que toda propuesta de gobierno debiera asumir

1.      Reconocer la asociatividad como política de Estado y adoptar como compromiso programático la implementación del Decreto Supremo Nº 072-2006-AG, con metas y recursos presupuestales específicos.

2.       Financiamiento dirigido: crear un Fondo de Apoyo y Garantía para Asociaciones (FAGA) que facilite líneas de crédito preferenciales y cofinanciamiento para formalización e inversión en infraestructura asociativa (cámaras de frío, centros de acopio).

3.      Acompañamiento técnico y gobernanza: establecer Centros Regionales de Apoyo a la Asociatividad (CAP-Asociatividad) que ofrezcan formación continua en gestión, contabilidad y comercialización; condicionar incentivos a transparencia y rotación de directivos.

4.      Compras públicas con preferencia: reservar partidas en los programas de adquisiciones públicas (almuerzos escolares, compras institucionales) para productos provistos por asociaciones formalizadas que cumplan requisitos de calidad y trazabilidad.

5.      Simplificación administrativa: digitalizar e interoperar registros (ROESS, RUC-Coop, SUNAT, SUNARP) y ofrecer paquetes estandarizados de estatutos y comprobantes para acelerar la formalización.

Por qué estos compromisos cambian la realidad

Estos compromisos no son gestos electorales; son medidas con impacto directo y medible en tres ámbitos: ingresos de los hogares rurales, sostenibilidad institucional de las organizaciones y seguridad alimentaria nacional. La experiencia muestra que cuando las asociaciones cuentan con financiamiento, formación y mercado, aumentan su capacidad productiva y reducen la dependencia de intermediarios predatorios.

Un llamado claro a los candidatos y partidos

A los partidos políticos y candidaturas: incorporen en sus planes de gobierno líneas programáticas concretas, calendarios y recursos para la asociatividad. Exijan a sus equipos técnicos la adopción de las cinco medidas mínimas aquí propuestas y comprométanse públicamente a reportar avances anuales. El electorado rural y urbano —que depende de la canasta familiar— merece saber quién va a priorizar al agro.

Instrumentos de verificación y transparencia

Propongo que los compromisos se sometan a una cláusula de verificación pública: un observatorio ciudadano con participación de academia, organizaciones de productores y sociedad civil debe monitorear el cumplimiento inmediato post-elección. Metas claras (por ejemplo, % de organizaciones formalizadas, número de financiamientos concedidos, incremento del ingreso promedio) permitirán evaluar si las promesas electorales se traducen en resultados.

Conclusión

En un país donde la seguridad alimentaria y la estabilidad social dependen, en buena medida, de la agricultura familiar, pedir a los partidos que pongan el agro en el centro de su agenda no es una petición sectorial: es un imperativo democrático y económico. La asociatividad formal es la herramienta: denle prioridad programática, financiamiento y compromiso verificable. Las próximas elecciones son una oportunidad para transformar la palabra en políticas públicas que lleguen al campo.

Walter Galloso Mariños — waltergalloso@gmail.com

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